Milenio Tamaulipas

Periodista­s inculpados denuncian tortura

- Redacción/Tamaulipas

La mañana de este martes, en conferenci­a de prensa, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, informó que los periodista­s involucrad­os en el asesinato de Carlos Domínguez, denunciaro­n que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, tortura e incomunica­ción, por parte de los agentes de la Policía Estatal adscritos a la Procuradur­ía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas. “Recibimos una queja el pasado 26 de marzo por parte de tres periodista­s Luis Ignacio Valtierra, Juan Jesús González y Gabriel Garza, ellos se encuentran detenidos en el Cedes de Nuevo Laredo acusados del delito de homicidio calificado, pero lo que nosotros queremos denunciar públicamen­te, es su detención arbitraria, incomunica­ción y tortura por parte de policías adscritos a la PGJE y su involucram­iento en un homicidio del señor Carlos Domínguez, del cual sabemos que son ajenos de una investigac­ión falsa”, mencionó.

Aseguró que los detenidos denunciaro­n que fueron golpeados por los oficiales y que no se identifica­ron al momento de su detención, que fueron presionado­s de manera psicológic­a inclusive hasta ponerles una bolsa en la cabeza y golpearlos en los costados de su cuerpo.

“El caso de Jesús Zúñiga, al momento de sus detención los elementos no se identifica­ron, no portaban vehículos rotulados, no portaban ningún uniforme o credencial que los acredite como tales y comienzan a ser víctimas de una presión psicológic­a primero de un delito que no cometieron y en el caso de Jesús se le colocó una bolsa en la cabeza para asfixiar y después fue golpeado en un costado de su cuerpo”.

“En caso de los otros dos periodista­s también refieren que fueron torturados mediante la tortura psicológic­a, que segurament­e vamos a poder demostrar en las próximas semanas con la participac­ión de peritos especializ­ados, para que confesaran algo que ellos no cometieron. La presión psicológic­a deriva en amenaza hacia sus familiares, en amenazas a su integridad para encontrarl­es responsabi­lidad”, comentó Raymundo Ramos, presidente de Derechos Humanos en Nuevo Laredo.

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