La Corte Interamericana analiza caso de desaparición
Los familiares de Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado, quienes presuntamente son víctimas de desaparición forzada por elementos militares, solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia.
En la audiencia ante la CoIDH, con sede en Costa Rica, la res- ponsable de la investigación por parte de la PGR, Marina Colín Ayala, explicó que “no hay indicios para determinar que elementos del Estado participaran en la desaparición forzada, sino que fueron elementos del crimen organizado vestidos de militares quienes la cometieron”.
Los hechos ocurridos en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, es el primer juicio que llega a la CoIDH contra la estrategia de militarización de la seguridad pública.
En la audiencia se presentaron los testimonios de María de Jesús Alvarado Espinoza y Jaime Alvarado Herrera, hermanos de Nitza Paola y José Ángel, quienes han participado en la búsqueda de sus familiares.
Ahí, María de Jesús Alvarado pidió a la Corte que “este caso no quede impune. Ha sido una lucha de ocho años, quiero que sean castigados los responsables, porque hasta el momento el gobierno sigue protegiendo a los que hicieron esto. El gobierno no quiere hacer su trabajo”.
Dijo que ha sufrido amenazas hostigamiento, por lo que solicitó asilo en EU.
La agente Marina Colín informó que el expediente continúa abierto y siempre se han considerado tres líneas de investigación: la correspondiente al Ejército, a la Policía Federal y a la delincuencia organizada. Destacó que en la que más se ha trabajado es la relativa a los militares.
Este viernes se presentarán los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso. Y éstas tienen un mes para presentar los argumentos finales por escrito. Posteriormente los jueces analizarán la posibilidad de dar sentencia.
La delegación del Estado mexicano está integrada por 17 funcionarios, y por el embajador Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Gobernación, Erasmo Lara Cabrera; Alejandro Alday González, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos.
La representante de la PGR negó la participación del Ejército y culpó a la delincuencia organizada