La violencia e inseguridad
Que se vive cotidianamente desalientan, enfadan y entristecen a la población, pero no podemos dejar que el miedo ni el enojo condicionen nuestro voto y erradicar las malas prácticas que afectan a todos La asociación civil recopiló una selección de 10 prop
alta poco más de un mes para las elecciones generales y en nuestro país se viven tiempos convulsos ante una crisis de seguridad en la que la violencia ha lastimado y puesto en vilo a la población y a prueba a todas las instituciones del Estado mexicano. La corrupción y la inseguridad sin duda son problemas que nos afectan y nos duelen a todos como sociedad, pero en la base de ambos está la impunidad.
El Índice Global de Impunidad 2017 indica que México es el cuarto país con mayor nivel de impunidad de 69 países analizados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 de Inegi reporta que 24.2 millones de personas se identificaron como víctimas de la delincuencia en 2016.
La “cifra negra” o cantidad de delitos que no se denuncian en el país es, en promedio, de 93.6 por ciento. De los delitos que se denuncian, únicamente se inicia una investigación en 65 por ciento de los casos, lo que significa que solo se inicia en 6.4 por ciento de los delitos cometidos. Así, la probabilidad de esclarecer un delito denunciado es de 0.9 por ciento.
Por otra parte, el presupuesto para erradicar la impunidad (concretamente, los recursos dedicados a las labores de seguridad pública, procuración e impartición de justicia) a escala estatal, como porcentaje del gasto total en México (4.3 por ciento en 2014), es menor respecto a lo que otros países han asignado a estos fines, por ejemplo Chile (5.8 por ciento) y Colombia (6.1 por ciento).
Las cifras señalan el problema y los hechos que se viven cotidianamente desalientan, enfadan y entristecen a la población, pero no podemos dejar que el miedo ni el enojo condicionen nuestro voto.
En este contexto, en Impunidad Cero presentamos una selección de 10 propuestas para el combate a la impunidad que se desprenden de nuestras investigaciones, a 21 meses de iniciar este proyecto. Las propuestas se agrupan en los siguientes cinco rubros:
a) Atacar problemáticas estructurales: solamente atendiendo el tema de la impunidad y la forma en que la falta de responsabilidad y sanciones afecta los altos niveles de corrupción e inseguridad que se viven el país, podremos combatir estos grandes problemas.
Para incrementar los recursos destinados a combatir la impunidad, se requiere diferenciar y analizar cada uno de estos complejos fenómenos e impulsar políticas públicas tanto transversales como concretas para atacar las problemáticas estructurales.
b) Impulsar prácticas de gobierno abierto: la falta de denuncia y de información veraz y oportuna nos obliga a revisar el sistema de medición de los avances y retrocesos, tanto a escala estatal como federal, frente a los graves problemas que dañan el estado de derecho.
Una sociedad informada y conocedora de los mecanismos para impulsar denuncias no es suficiente si no se regenera la confianza ciudadana en la actuación de las autoridades.
c) Combatir la impunidad y reforzar la procuración de justicia: el funcionamiento ineficaz e insuficiente de nuestro sistema de procuración de justicia, crea un círculo vicioso de falta de sanciones en el que todos acabamos afectados.
Uno de los reclamos por parte de la sociedad civil más comentados en los últimos años tiene que ver con una reforma integral al artículo 102 constitucional para contar con fiscalías autónomas, eficaces e independientes.
Además, debe fortalecerse la tríada de la investigación: ministerio público–policía investigadora–peritos. Se requiere reforzar el modelo de gestión y desarrollo organizacional interno, revisar y crear protocolos y estrategias de investigación, y atender el desarrollo de competencias en ministerios públicos, policías y peritos.
d) Mejorar el acceso a la justicia: el problema de acceso a la justicia en México es añejo. Estudios recientes confirman que el ejercicio de este derecho en el país sigue siendo una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad que cuentan más recursos económicos y con mayor nivel educativo.
El acceso a la justicia debe permitir que la sociedad tenga mayor cercanía con los jueces, que las malas actuaciones sean pasadas a cuenta, que se combata la impunidad y que estemos más cerca de alcanzar el ideal de justicia, paz y seguridad al que todos aspiramos.
3) Considerar las particularidades de los grupos vulnerables: el reto es continuar ampliando los derechos y su protección para todos sin distinciones injustificadas, siendo particularmente cuidadosos en
El “¡Ya basta!” es una demanda que debe ser asumida, revisada y atendida por el Estado