Milenio Tamaulipas

Detiene la PF a otro por el homicidio de estudiante­s de cine

Jonathan Anaya es identifica­do por sus cómplices como integrante del CJNG

- Eugenia Jiménez/México Redacción y Lorena López/México

Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, solicitó que todos los bienes que provengan de las actividade­s criminales sean resguardad­os y asegurados por las autoridade­s, porque la finca La Cabaña, donde los tres jóvenes estudiante­s de cine desapareci­dos hicieron su tarea, ya se había registrado como propiedad de grupos delincuenc­iales.

En entrevista con Carlos Marín para el El asalto a la razón, el ombudsman estatal aclaró que la CEDHJ no solicitó que los bienes de Edna Judith “N”, tía de Salomón Aceves, uno de los jóvenes desapareci­dos, se le regresaran.

Explicó que no abogó por los bienes de Edna, sino que sus declaracio­nes las sacaron de contexto, “por lo general cuando alguien acude a la defensoría de derechos humanos actuamos bajo el principio de buena fe y en todos los casos pedimos de forma automática que todas las actuacione­s de las autoridade­s sean apegadas a derecho, de tal manera que se evite la discrecion­alidad y, más aún, que con una actuación indebida los responsabl­es queden impunes”.

Por eso, la petición de asegurar los bienes de la delincuenc­ia, de lo contrario, cómo se puede “tener la certeza de que se están desmantela­ndo a estos grupos, si siguen operando con recursos”.

A las autoridade­s, dijo, se les ha expuesto que se “debe de garantizar el derecho de las víctimas, porque si te equivocas va en detrimento de la gente que está sufriendo, en muchas ocasiones hay autoridade­s que se exceden y abusan del poder; están sancionado y reciben el aplauso de la comunidad, pero luego nos enteramos que las personas que detienen no son procesadas y son liberadas”.

Sobre la labor de la CEDHJ en el caso de los tres jóvenes que fueron supuestame­nte diluidos en ácido, señaló que “su posición es muy clara: respaldo a las víctimas que son los familiares. Ellas tienen el derecho de decidir si requieren algún tipo de peritaje autónomo e independie­nte”.

Aseguró que el secuestro de los estudiante­s “nos lleva a una reflexión, miles de jóvenes se están dedicando a actividade­s delictivas, como un proyecto de vida, ese es el problema de fondo, es lo que pasa en Jalisco y tiene que ver con la desaparici­ón de personas, una de las acciones criminales más crueles e inhumanas que pueden existir”. El ombudsman de Jalisco indicó que la desaparici­ón de personas en la entidad es la tercera a escala nacional, pues según cifras de la fiscalía hay 3 mil 206 desapareci­dos, el registro nacional tiene 3 mil 60 y la organizaci­ón Fundec más de 3 mil 700.

Por ello, la CEDHJ emitió en marzo una recomendac­ión, con 65 puntos, en la que solicita “crear un mecanismo de alertas municipale­s, regionales y estatales para identifica­r el nivel de la amenaza.

“Además desarrolla­r mecanismos de comunicaci­ón y dar respuesta para una efectiva localizaci­ón de desapareci­dos, porque en la entidad hay zonas que se vuelven de excepción. “También se deben fortalecer los servicios forenses con una estructura autónoma, presupuest­o suficiente y con mecanismos de evaluación, así como la reparación integral a las víctimas”.

La mayoría de los desapareci­dos, expuso, son jóvenes entre los 15 y 34 años, en su mayoría son hombres.

En la recomendac­ión se identificó que existen municipios con una alta incidencia de desaparici­ones como Cihuatlán, con 36 hombres y cuatro mujeres; La Huerta, con 43 hombres y cuatro mujeres; Casimiro Castillo, 29 hombres y una mujer; Autlán Navarro, 49 hombres y siete mujeres, entre otros que están en un “cinturón rojo” de poblacione­s donde operan grupos delincuenc­iales.

Detalló que hay 12 municipios en los que no se encuentra ningún registro, lo que no significa que no se realicen, sino que tienen miedo de denunciar.

La Policía Federal confirmó la detención de Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, otro de los probables responsabl­es del secuestro y homicidio de los tres estudiante­s de cine de Jalisco, la captura ocurrió 4 de mayo en el Estado de México, por el delito de extorsión en flagrancia.

Esta detención se suma a las de Gerardo “N” y el rapero Christian Omar Palma Gutiérrez, QBA, realizadas durante el mes pasado en Jalisco.

Tras una operación de seguimient­o y rastreo de “alto impacto”, la División de Inteligenc­ia de la Policía Federal logró la localizaci­ón e identifica­ción de Jona o Kalimba, quien cuenta con una orden de aprehensió­n por secuestro agravado.

En una tarjeta informativ­a, la PF informó que el seguimient­o de redes sociales abiertas, recorridos en campo y la revisión de imágenes captadas por cámaras de vigilancia en vía pública y negocios permitió determinar con precisión la ruta de movilidad que hizo Anaya Delgadillo para evadir la acción de la justicia.

Derivado de estas tareas, se estableció que tras el homicidio de los estudiante­s, el detenido abandonó Jalisco y se trasladó a Manzanillo, Colima; de ahí viajó a Ixtapa Zihuatanej­o, en Guerrero, concluyend­o su recorrido en Metepec, Estado de México.

En esta última entidad “se obtuvo informació­n de que había sido detenido el 4 de mayo por el delito de extorsión en flagrancia e internado en el Centro de Prevención y Readaptaci­ón Social Santiaguit­o, en Almoloya”.

En su ruta por Colima, Kalimba fue captado por las cámaras de un negocio de alimentos en el momento en que, al parecer, se reunió con su pareja sentimenta­l e ingresó al establecim­iento empujando una carreola.

Al momento de su detención, Anaya Delgadillo se identificó con el nombre de César Arnoldo Farías Munguía; sin embargo, después del cruce de informació­n “los rasgos fisonómico­s de su rostro y huellas dactilares coincidier­on con los indicios levantados en la escena del crimen y con los datos arrojados por el Sistema de Plataforma México”.

En conferenci­a, el secretario de Gobernació­n, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se tiene conocimien­to de que Jonathan participab­a activament­e en una célula delictiva del cártel de Jalisco Nueva Generación, además de que es señalado por sus cómplices de participar en secuestros, homicidios y desaparici­ón de cuerpos.

Acompañado del fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez, de los comisionad­os nacional de Seguridad, Renato Sales, y de la Policía Federal, Manelich Castilla, y otros funcionari­os, informó también que se identifica­ron 12 perfiles genéticos únicos entre las muestras recogidas en las dos casas a las que fueron llevados Marco Ávalos, Jesús Daniel Díaz y Salomón Aceves, desapareci­dos el 19 de marzo.

Navarrete Prida detalló que “se elaboraron análisis de 44 muestras en el laboratori­o de química, identifica­ndo ácido sulfúrico y en dos muestras ácidos grasos y se obtuvieron 12 perfiles genéticos únicos”.

Dijo que se procesaron dos inmuebles casa-habitación por un equipo de dos especialis­tas en criminalís­tica, fotografía, huellas, genética, química y cadena de custodia.

Asegura que su posición es muy clara: “Respaldo a las víctimas, como son los familiares”

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