Para Vidulfo la Superprocuraduría y los magistrados a la Corte

La sentencia del Colegiado en el caso Iguala:

1. Si hubo torturas, procede castigo a los torturadores y amparo a los quejosos para que se excluyan las pruebas ilícitas.

2. La sentencia es aberrante, inconstitucional, rompe la estructura institucional del Estado mexicano, y no abona a la verdad ni a la justicia.

El artículo 21 constitucional establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél”. Las facultades que la sentencia otorga a la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia” lo viola. Ordena que se integre por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, y que los dos primeros decidan las líneas de investigación y las pruebas a desahogar.

A esa SUPERPROCURADURÍA se someterá la PGR y también la CNDH, privándola de su autonomía operativa y funcional.

Además, los Señores Magistrados autorizaron que la insólita comisión incorpore a otras organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos. Total, un mazacote que en nada favorecerá a la verdad y la justicia.

El 20 constitucional permite a las víctimas participar en la investigación, pero no entregarles la conducción y mando que corresponde en exclusiva al Ministerio Público conforme al 21.

La sentencia va más allá: descalifica miles de pruebas, el trabajo de cientos de funcionarios, los esfuerzos de miles de voluntarios, los dictámenes periciales de nacionales y extranjeros, y las demás pruebas que debieran ser valoradas para dictar un nuevo auto dentro del término constitucional y, en su momento, sentencia legal y justa.

Los señores magistrados, ya encarrerados, SOLICITAN “de la manera más respetuosa” al Presidente de la República girar instrucciones a las secretarías de Estado para que apoyen a la comisión; le dicen que “sería un BUEN GESTO del Estado Mexicano anticipar una indemnización parcial a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos”, y le SUGIEREN que provisionalmente sea de 500 mil pesos por familia, pidiendo, finalmente, al Congreso presupuesto para ese bondadoso propósito.

Las sentencias judiciales (y menos las de amparo) no son para SOLICITUDES, BUENOS GESTOS NI SUGERENCIAS, sino para IMPONER EL DERECHO.

También es grave que virtualmente pone en la calle a varios de los principales implicados en la desaparición y posible asesinato de los 43 jóvenes; y crea esa SUPERPROCURADURÍA para que la encabece Vidulfo, el abogado de los padres de las víctimas a quienes hace tiempo llamó “pinches indios mugrosos”.

Viene más barbarie, no se sorprenda que los tres magistrados pronto estén en las ternas para ministros de la Suprema Corte. ¡Pobre México!