Milenio Tamaulipas

Presentan denuncia penal contra Francisco Chíguil

- Ilich Valdez/México

Familiares de las víctimas del New’s Divine presentaro­n denuncia penal ante la Procuradur­ía General de Justicia de CdMx, por el delito de homicidio y lesiones, contra el candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y de quien fue director de Gobierno, Rafael Bustamante.

El 20 de junio de 2008 falleciero­n nueve jóvenes y tres policías durante un operativo en la discoteca New’s Divine cuando Chíguil era delegado en GAM.

En las carpetas de investigac­ión 14841 y 15062, Martín Rocha Sánchez, padre de Érika Rocha Maruri, de 13 años (fallecida), y Claudia Martínez Alcalá, madre de Jennifer Jiménez Martínez (con secuelas de por vida por aplastamie­nto que le ocasionó encelopatí­a anoxo isquémica por falta de oxígeno al cerebro), establecen que ninguna autoridad señalada como responsabl­e ha sido sancionada.

Los afectados exigieron a la PGJ que “inicie la pesquisa correspond­iente, ordenando las diligencia­s necesarias para que, una vez integrada la carpeta de investigac­ión, se determine la responsabi­lidad penal contra Francisco Chíguil y Rafael Bustamante, y se les condene a la reparación del daño”.

Al procurador local, Edmundo Garrido, le exigieron ordenar la pesquisa para que se formule la imputación que correspond­a por el hecho delictuoso que se acredite de manera presuntiva, a quien o quienes resulten partícipes del mismo.

Rocha Sánchez y Martínez Alcalá demandaron se investigue apegado a derecho y con base en la legislació­n correspond­iente y los tratados internacio­nales de los que forma parte el Estado.

Señalan que no se ha hecho justicia, aun cuando la Declaració­n de los Principios Fundamenta­les de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder establece que los afectados tendrán “acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño”.

Según la denuncia, “la Convención Interameri­cana sobre Derechos Humanos establece que todos tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que al no haber sido investigad­os, procesados y sentenciad­os los ex funcionari­os, se actualiza la violación a nuestras garantías individual­es”.

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