México, con 66% de peticiones urgentes
Es el primer lugar de la lista de 500 casos del organismo de ONU; le siguen Irak y Colombia
Trejo, Alberto Treviño Ochoa y Jorge Antonio Domínguez relatan la búsqueda en bases militares, dependencias y hospitales sin ninguna respuesta a madrugada del 27 de marzo la Marina allanó mi vivienda; estábamos durmiendo, entran, rompen el candado, la puerta, eso era un operativo. Estaban buscando a un tal Willys, porque insistieron mucho en que mi esposo les dijera su alias; mi esposo nunca ha usado un alias, cuenta Jéssica Molina Rodríguez, esposa de José Daniel Trejo García.
Viste un saco rojo encima de una playera que lleva estampada la foto de su marido; luce demacrada, cansada, la embarga la pena de no encontrarlo después de aquella noche.
“Después de la desaparición a manos de la Marina esperamos a que amaneciera y fuimos a buscarlo al Ministerio Público, a la PGR, pensando que lo iban a presentar, que lo estaban deteniendo por algún delito, algo que le hayan encontrado.
“Nunca mencionaron por qué se lo estaban llevando, simplemente lo sacaron de mi casa. Nos encontramos con la sorpresa de que no estaba en ningún lado y en lugar de ir a pagar una fianza, terminé poniendo una denuncia por desaparición forzada”, relata.
En entrevista con MILENIO, Molina Rodríguez asegura que seis marinos entraron hasta su habitación provisional, ubicada en la planta baja, y se llevaron a su marido, así como al huésped que dormía arriba, Gabriel Gaspar Vázquez. Mientras, otros elementos esperaban afuera de la vivienda, según pudo comprobar mediante las videocámaras de seguridad de uno de sus vecinos.
“Yo estaba recuperándome de una cirugía, fue el 20 de marzo, mi esposo me estaba cuidando. Ellos se llevaron el disco duro de las cámaras de seguridad de mi casa, ellos pudieron corroborar que mi esposo estuvo toda la semana, ignoro por qué lo tienen retenido, arraigado, secuestrado... dígalo como usted quiera, pero ellos se lo llevaron de mi casa, ellos lo tienen y me lo tienen que entregar”, enfatiza.
El video es parte de las pruebas que la mujer presentó, en el que se observa que dos civiles suben a una camioneta escoltada por los marinos. “Se trata de mi esposo, porque yo fui testigo de que lo sacaron de mi casa; yo menciono mucho lo que vi porque a mí nadie me lo está contando, a mí nadie me dijo fue la Marina, yo lo vi”.
La desaparición forzada de Dany, Uno de los desaparecidos es un joven de 18 años y ciudadano estadunidense, levantando el 4 de abril como lo llaman, es uno de los 59 casos documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y uno de los pocos en donde existe una prueba en video; en el resto solo hay testigos que tienen miedo de hablar. “El 21 de mayo mi hijo salió de aquí a las 6 y media de la mañana, fue la última vez que lo vi”, narra Gregoria Ochoa Moreno, madre de Édgar Alberto Treviño Ochoa, de 29 años, quien ese día salió a buscar trabajo al panteón con un amigo, cuando en la zona se desató un enfrentamiento entre elementos de la Marina y civiles.
Alrededor de las 8:30, un conocido de Édgar fue a casa de su madre para avisarle que resultó lesionado. “Vaya a buscarlo, porque los marinos le tiraron”, me vinieron a avisar.
Doña Goya acudió al kilómetro 10 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y, según los testimonios que recopiló, su hijo pudo ser herido de bala y luego llevado por los marinos.
“Yo anduve buscando a mi hijo en hospitales y no lo he encontrado. Estoy desesperada. A la PGR fui el día 23, porque ya fue cuando me dijeron que levantara una acta para reportar a mi hijo como desaparecido”, cuenta.
Tan solo un día después, el Juzgado Cuarto de Distrito le notificó que no encontró a su hijo en la base de operaciones de la Marina ni en otras doce dependencias, entre ellas el hospital, y hasta ahí se limitó el apoyo que recibió de las autoridades federales.
Otro de los casos es el de Jorge Antonio Domínguez Hernández, de 18 años, ciudadano estadunidense, fue levantando el pasado 4 de abril frente a su padre, junto con Juan Carlos Zaragoza González, un albañil que trabajaba para él.
“Estábamos en la casa y lo mandé a la tienda; en eso oí por la ventana un impacto, chocó con una vecina”, narra el padre. Señala que un vehículo de la Marina con número 511445 llegó al momento del incidente y se lo llevó.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer que de 2012 a 2018, de las 500 peticiones urgentes que ha solicitado implementar a los Estados para la localización de personas, México ocupa el primer lugar con 66 por ciento, seguido de Irak y Colombia.
La primera acción del organismo internacional se dio en 2012 con Marcial Bautista Valle y la última registrada este año es de Areli Hernández Hernández, que es el caso número 500, ambos son de México.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregó una carta a los candidatos presidenciales en la que solicita desarrollar un plan para la implementación de esas acciones, con la que coincide la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
El mecanismo de acciones urgentes es un proceso que eleva a una desaparición forzada desde un nivel local y personal, para convertirla en un asunto entre un comité de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y las más altas autoridades del país donde la desaparición ocurrió.
Este procedimiento, comúnmente llamado “Acción Urgente”, es una de las herramientas más innovadoras de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas. Los intercambios entre el comité, el Estado parte y la persona que pidió la acción urgente siguen hasta cuando la persona haya sido localizada.
El comité también puede pedir al Estado parte que adopte medidas para proteger a las personas que están en peligro por sus vínculos con la persona desaparecida.
La lista publicada por el comité indica que en lo que va del año se han emitido 25 acciones urgentes al Estado mexicano para localizar a desaparecidos, de éstos dos son mujeres y un menor de 14 años, Adolfo Ángel Chigo Villegas.