Limitan facultades de militares para llevar a detenidos ante el MP
Los integrantes del Ejército y la Marina que apoyan en labores de seguridad pública no pueden detener a personas involucradas en un posible delito para presentarlas ante el Ministerio Público sin un policía.
En el nuevo sistema de justicia, las fuerzas armadas son consideradas como una “autoridad coadyuvante” que en el ejercicio de sus funciones públicas “advierte la posible comisión de un hecho delictivo y auxilia a las autoridades responsables de la seguridad pública y de procuración de justicia”.
De acuerdo con el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, esta figura corresponde a un agente perteneciente a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias de seguridad pública federal, local y municipal y es el primero en intervenir ante un posible delito.
El rol de la autoridad coadyuvante es denunciar la probable existencia de un delito al Ministerio Público y “auxilia a las instituciones de seguridad pública en la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo hasta el arribo de las autoridades competentes” y en su caso adopta medidas para atender a los heridos, “así como pone a disposición de la autoridad a las personas detenidas por conducto o en coordinación con la policía”.
El protocolo, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aclara que “las fuerzas armadas en actividades de coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, bajo ningún concepto asumen la calidad de Policía Primer Respondiente”.
Mientras el Policía Primer Respondiente “atiende el llamado de la autoridad coadyuvante para realizar la puesta a disposición de las personas detenidas ante el Ministerio Público”.
Según el protocolo, el Policía Primer Respondiente conoce primero de la comisión de un delito y actúa para la recepción y corroboración de una denuncia, la recepción de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un probable delito, atiende al llamado de las autoridades coadyuvantes para coordinar acciones, detención en flagrancia y localización de evidencias.
En la presentación del protocolo, firmada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete; el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, se establece que “la actuación que realiza la primera autoridad que tiene noticia y contacto con algún hecho presumiblemente constitutivo de un delito es fundamental en el procedimiento penal”.