Acepta gobierno revisar los contratos en sector energía
Examinar 107 convenios con el único fin de evitar corrupción, entre lo más relevante del discurso de un AMLO más pragmático: BBVA Bancomer; destaca Cepal solidez macroeconómica de México
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Andrés Manuel López Obrador, envió un “mensaje tranquilizador” a los inversionistas al señalar que el nuevo gobierno “se compromete a mantener finanzas públicas sanas y los fundamentales macroeconómicos”, con un tipo de cambio flexible y una “deuda responsable”.
Mientras la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un comunicado, aceptó la revisión de los 107 contratos que se han firmado derivados de la reforma energética.
El economista anunció que participará en la preparación del Presupuesto de Egresos 2019 “desde el principio” para establecer las prioridades del nuevo gobierno con la liberación de recursos a favor de proyectos de infraestructura y programas sociales, en especial para duplicar las pensiones de personas mayores y la población nini; que espera el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto para renovar la línea de crédito flexible con el FMI por más de 88 mil millones de dólares, y que se creará un entorno de inversión “muy propicio” para nacionales y extranjeros.
En conferencia telefónica con diversos inversionistas, analizada por Gabriel Casillas y Delia Paredes, director general adjunto de Análisis Económico y Bursátil y directora ejecutiva de Análisis Económico, respectivamente, del Grupo Financiero Banorte, señaló que “el primer presupuesto se apegará” a los estimados macroeconómicos enviados al Congreso en abril pasado por Hacienda con una estimación del PIB de 2.5 y 3.5 por ciento para 2019, un balance fiscal sin inversión de “cero” y una inflación de 3 por ciento.
Urzúa estuvo acompañado por Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, parte de su equipo de política económica, quienes consideraron que debe aumentarse el nivel de inversión como porcentaje del PIB de 21.4 por ciento a 22 por ciento; la inversión pública pasará de 3.9 actual a 5 por ciento en el próximo sexenio.
El mayor apoyo a personas mayores y población joven que no estudia ni trabaja es porque “el problema con este grupo de población explica parte de los altos niveles de inseguridad y violencia en el país”. La inversión en infraestructura “puede aumentar en 1 por ciento del PIB y en programas sociales de 0.7 por ciento”.
Explicaron que los recursos provendrán de los ahorros hasta de 2 por ciento del PIB por la centralización de todos los procesos de adquisición y procuración del gobierno —como se hizo en CdMx—, reduciendo costos y niveles existentes de corrupción, y por atención a pocos programas sociales importantes, en lugar de en muchos pequeños (hay alrededor de mil 407), con un enfoque principal en los ya mencionados.
Los especialistas del Grupo Financiero Banorte identificaron siete principios claves en materia económica para la nueva administración: “política macroeconómica, fiscal y de deuda responsable; respeto estricto a la autonomía del banco central; régimen de tipo de cambio flexible; gestión con organismos reguladores fiscales y financieros una política transparente y clara basada en el manejo de riesgos, y una fuerte creencia en la separación de poderes como contrapeso institucional necesario. Beneplácito por el mensaje La CNH acepta la decisión de revisión de contratos, tres de los cuales son farmouts de Pemex (sociedad con privados), pero asegura procesos transparentes. Según la Secretaría de Energía, las inversiones posibles con estos contratos se estiman en 160 mil millones de dólares.
La comisión informó que recibe con beneplácito la decisión tomada por López Obrador, y “también celebra que el virtual presidente electo haya dicho que habrá estricta observancia de la ley en el proceso de revisión de los contratos adjudicados”.
En su primer mensaje como presidente, AMLO apuntó conforme a lo dicho en su campaña, que se haría una revisión de los contratos adjudicados a particulares, buscando que no existan anomalías que afecten el interés nacional y de ser así se recurrirá al Congreso de la Unión y a tribunales nacionales e internacionales.