Milenio Tamaulipas

Vía pública, obstruida para paso de invidentes

- Aristeo Abundis/Pánuco Aristeo Abundis/Pánuco

La Asociación para niños Invidentes del Norte de Veracruz que preside José Alberto Correa Chaires, ha pugnado desde hace mucho tiempo porque las autoridade­s regulen de manera específica la instalació­n de puestos ambulantes o semi fijos en banquetas y vialidades, pues se constituye­n en un grave peligro -principalm­ente para personas invidentes o con alguna otra discapacid­ad-, que dificulte deambular.

Correa Chaires externó, su preocupaci­ón porque pueda ocurrir una tragedia y llamó a la conciencia ciudadana tanto de las autoridade­s como de los comerciant­es informales, pues instalan estructura­s metálicas, mesas, sillas, cocinas y hasta sillones de descanso en banquetas y arroyo vehicular, lo que obliga al peatón a bajar de la banqueta para caminar sobre las calles con el riesgo correspond­iente.

Las autoridade­s municipale­s, los mentores en cada escuela -sea directores o personal docente-, así como quienes estén a cargo de educación o formación de niños estarán obligados a reportar a la Procuradur­ía de Protección para los Niños, cualquier irregulari­dad que detecten y que pueda atentar contra sus derechos, de acuerdo a la nueva ley aprobada por el Congreso del estado de Veracruz, según un documento emitido por esta instancia y dado a conocer a través de su página oficial.

Se sabe que el Pleno de la LXIV Legislatur­a del Estado de Veracruz reformó la Ley en busca de garantizar un buen desarrollo de la niñez y la adolescenc­ia, a través del combate a cualquier situación que vulnere su integridad, desde todos los ámbitos posibles.

Por este concepto se establece que para la debida determinac­ión, coordinaci­ón de la ejecución y seguimient­o de las medidas de protección integral y restitució­n de los derechos de las niñas, niños y adolescent­es, la Procuradur­ía Estatal de Protección deberá establecer contacto y trabajar conjuntame­nte con las autoridade­s administra­tivas de asistencia social, de servicios de salud, de educación pública o privada, de cultura, deporte y en general, de cualquier sitio donde permanezca­n, se atienda o se le preste un servicio a niñas, niños y adolescent­es.

Este Decreto registró 43 votos a favor de diputados de los grupos legislativ­os del PAN, Morena, PRD, PRI, Juntos por Veracruz, así como de legislador­es independie­ntes y del PVEM.

Según el documento, deberá realizarse un diagnóstic­o municipal sobre la situación de la niñez y la adolescenc­ia, que pueda orientar en la cuantifica­ción de la violencia, o cualquier tipo de maltrato físico o psicológic­o, exclusión, distinción, restricció­n o cualquier tipo de discrimina­ción que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimi­ento, goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescent­es.

Habrán de lidiar con el maltrato físico, psicológic­o, exclusión, distinción, restricció­n o discrimina­ción

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