Sergio López Ayllón
8n eje central de la oferta política del candidato Andrés Manuel López Obrador fue erradicar la corrupción como misión principal del nuevo gobierno. La propuesta, repetida hasta el cansancio, se basa en que la conducta intachable del presidente tendría un efecto ejemplar que permearía el conjunto de las estructuras de gobierno. Además, “sea quien sea, será castigado”, dijo el virtual presidente electo. Millones de ciudadanos, hartos de los excesos, creyeron en la promesa y votaron por ella.
Hace unos días se dieron a conocer 50 puntos para combatir la corrupción y tener una política de austeridad. Al análisis, se revelan como un abigarrado conjunto de medidas de muy diversa índole y calado. Hay acciones que resultan necesarias para sacar a la alta burocracia de su zona de confort y privilegio. La implementación de algunas conlleva un importante grado de dificultad, que probablemente obligará a matizar sus alcances. Otras en cambio resultan redundantes o simplemente ignoran las normas que ya existen (por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya obliga a todos los funcionarios a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales y les prohíbe recibir regalo alguno, sin importar el monto).
El punto central que quiero destacar es que ese conjunto de medidas no puede calificarse todavía como una “política anticorrupción” y que, por ello, aún aplicadas con todo rigor, difícilmente podrán corregir las causas profundas de ese mal. Por otro lado, nada dice sobre, por ejemplo, la indispensable profesionalización de los servidores públicos necesaria para evitar el reparto de puestos y plazas y con ello la captura de las instituciones.
Por otro lado, por mandato de ley, corresponde al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diseñar, aprobar y evaluar una política nacional anticorrupción. Quizá sin la rapidez que hubiera sido deseable, existen noticias alentadoras en este frente que conviene traer a la luz pública.
En unos días más, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaria Ejecutiva del SNA y un Comité Técnico emitirán una convocatoria pública para desplegar una consulta nacional sobre el contenido de una política nacional anticorrupción. Esta consulta tomará como referencia un extenso documento elaborado por la Red de Rendición de Cuentas que pone en blanco y negro un diagnóstico, una teoría causal y un conjunto de acciones agrupadas en cuatro ejes generales: 1) la profesionalización y generación de capacidades, 2) la simplificación y vigilancia de los puntos de contacto entre la ciudadanía y los gobiernos, 3) las acciones de mejora del ejercicio de la responsabilidad pública y 4) la detección, prevención y desmantelamiento de redes de corrupción. Un quinto eje transversal propone el fomento a la participación ciudadana y los mecanismos de gobierno abierto. El documento completo en: http://bit.ly/RRC_PNA.
Sin duda, la consulta enriquecerá las propuestas y debe facilitar que, antes del fin de año, el país pueda contar con una auténtica política pública de combate a la corrupción. Como atinadamente señala el documento, el combate a la corrupción “no es una batalla fácil y por los mismo no puede ser instantánea. Por ello, lo que se requiere es una estrategia bien diseñada que permita atacar el problema desde sus raíces” y transformar la actuación de gobiernos, partidos, empresarios y la sociedad en general.
A un año de su entrada en vigor, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una vida precaria. Las diferentes instancias (nacional y estatales) no están debidamente integradas y existen pocos o nulos resultados visibles. Hay sin duda elementos de su diseño que pueden y deben ser mejorados, pero los cimientos ya están puestos y es clara su responsabilidad para establecer la política anticorrupción.
Es difícil hacer anuncios espectaculares que comuniquen la construcción de una política anticorrupción. Pero este es el único camino que puede acecarnos a una tranformación de fondo y a erradicar el problema. Bienvenida entonces la voluntad del nuevo gobierno que, sumada a los esfuerzos que ya están en marcha, deben ponernos en la ruta correcta.