El Congreso de Oaxaca aprueba desaparecer la Judicatura estatal
Con 31 votos a favor y siete en contra, el pleno de la Legislatura local de Oaxaca aprobó la desaparición del Consejo de la Judicatura, órgano interno del Tribunal Superior de Justicia, señalado de cometer presuntas acciones de corrupción y malversación de recursos.
Los legisladores consideraron innecesaria la operación de la Judicatura, que con un gasto de 660 millones 58 mil 906 pesos solo se dedicó a cubrir el sueldo de un grupo exclusivo de los magistrados, a fomentar las relaciones públicas y el turismo judicial, y que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado.
El consejo estaba integrado por 38 servidores públicos, cinco de ellos con rango de magistrados, y tenía como titular a quien fuera presidente del Poder Judicial en la administración del ex gobernador Gabino Cué, Alfredo Lagunas Rivera, quien recibía un salario superior al de los magistrados colegiados y de circuito: más de 108 mil pesos, que es el tope salarial.
Ademas tenía una nómina secreta de siete trabajadores de confianza que recibían percepciones más altas, y de acuerdo con reporte de la Contraloría Interna, hay 18 viajes al interior de la República y siete al extranjero en los que se excedieron los gastos de viáticos.
Otros beneficiarios eran César Martín Cervantes Hernández, representante de los jueces ante la Judicatura; Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, representante de la Judicatura ante el Ejecutivo, y Rogelio Gabriel Morales Cervantes, representante ante el Legislativo.
También hay observaciones por un presunto dispendio de recursos de más de 86 millones de pesos que no han sido comprobados por el organismo, que está bajo investigación del Orgáno Superior de Fiscalización del Estado.
Al conocer los resolutivos de las auditorías, los legisladores aprobaron el dictamen de desaparición del órgano y emitieron su voto para reformar cinco artículos de la Constitución de Oaxaca y así determinar la disolución del Consejo de la Judicatura y crear un nuevo órgano colegiado que se encargará de fiscalizar la parte interna del Poder Judicial para garantizar la correcta aplicación de los recursos.
Los legisladores consideraron que con esta determinación buscan mayor transparencia en los concursos para la selección de jueces, peritos y demás personal especializado, además de mejorar y fortalecer el proceso de investigación y sanción por quejas o denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial.