Pagarán a víctimas de masacre en San Fernando
Canciller de Ecuador, José Valencia, se reunirá con el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de México, Jaime Rochín
Tras ocho años del suceso, autoridades compensarán a 48 ecuatorianos víctimas de la masacre de San Fernando, en la que integrantes de la delincuencia organizada asesinaron a 72 personas, entre ellos migrantes de Centro y Sudamérica.
Se prevé que este miércoles, el canciller de Ecuador, José Valencia, se reúna con el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de México, Sergio Jaime Rochín del Rincón, para hacer la entrega de la compensación económica a las víctimas.
De acuerdo a la Cancillería de Ecuador, desde el 2013 ha gestionado con instituciones mexicanas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de Tamaulipas, para acelerar el trámite de los recursos.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros de un grupo delictivo en el rancho “El Huizachal” del municipio de San Fernando.
En 2017, la CNDH señaló que la masacre de los 72 migrantes debía ser calificada como una “grave violación de derechos humanos”.
Organismos como Amnistía Internacional sospechan que los responsables trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
Precisamente a 8 años del suceso, defensores de los derechos humanos de diferentes partes del país así como sacerdotes acudieron al rancho donde fue- ron encontradas las víctimas y colocaron un memorial por el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres.
El rancho, que está en total abandono, se localiza sobre una brecha a 20 kilómetros al oriente del libramiento de tráfico pesado en San Fernando.
De acuerdo con las investigaciones, los migrantes viajaban en dos autobuses, los cuales fueron interceptados por hombres armados y los secuestraron. Se presume que al no pagar su rescate fueron asesinados y se reconoció que dos migrantes pudieron escapar y fueron lo que narraron los hechos.
Actualmente Tamaulipas se ubica en el primer lugar nacional por personas que han desaparecido. La autoridad federal tiene registro de 6 mil víctimas.
La alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz presidió los trabajos de la última etapa de verificación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, el cual busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales.
En su intervención, la jefa edilicia señaló que en Altamira, el fortalecimiento municipal es clave en nuestro crecimiento ordenado y con visión de futuro, pues en sólo un año diez meses de administración, se han aplicado de forma correcta las políticas públicas que hacen posible el construir una mejor ciudad.
“Hoy nos encontramos avanzando con pasos firmes en la evolución de un municipio más seguro, próspero y dinámico que se encuentre a la altura de lo que demanda la ciudadanía. Mi gobierno refrenda su compromiso en poder evaluarse y medirse de forma permanente para establecer procesos de mejora continua aplicando los criterios de forma muy objetiva enunciados por la Agenda para el Desarrollo Municipal”, expresó.
Este martes 21 de agosto, se llevó a cabo la verificación por parte de la entidades educativas, donde se evaluaron 23 áreas de la administración pública en el municipio de Altamira dentro de la agenda básica que se encuentra integrada por 173 indicadores estructurados en los ejes temáticos de planeación del territorio municipal, servicios públicos, seguridad pública y desarrollo institucional, así como la agenda ampliada, integrada por 97 indicadores organizados en los ejes temáticos referentes al desarrollo económico, el desarrollo social y ambiental, sumando un total de 47 temas.