Revisar logros de la PF antes de cambiar planes, pide Manelich
Organismo patronal critica la “incompetencia” de órganos de justicia en casos de corrupción
Es inviable que la ONU revise los tratados internacionales para despenalizar drogas como la mariguana y la amapola, advirtió Alejandro Mohar Betancourt, ex miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de esa organización.
Un día antes, Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que plantearán ante la ONU esa propuesta.
En entrevista con MILENIO, Mohar señaló que en caso de ser escuchado ese planteamiento, las discusiones pueden prolongarse 12 años.
“Veo inviable que pase siquiera como iniciativa. Y de pasar, es un estimado, las discusiones que involucrarían a todos los países llevarían de 10 a 12 años”, opinó.
Explicó que la propuesta se enfrentará de facto a la negativa de países de línea dura y radicales para modificar este tipo de convenios.
Mohar, quien determinó renunciar en 2016 a la JIFE, , detalló que los convenios internacionales para combatir el narcotráfico y clasificar, por ejemplo, a la mariguana en la misma categoría en la que se encuentra la heroína, fueron firmados desde la década de los 60 y ratificados años después por más de 156 países. Con anterioridad, recordó, varios países han presentado iniciativas similares ante la ONU sin lograr un consenso.
“El punto en la ONU es que modificar un convenio internacional acordado desde hace varias décadas, llevará, por lo tanto, varios años de revisión y de lograr de que haya un acuerdo dentro de la ONU. “Hay países, digamos, de línea dura que no están de acuerdo ni en considerar la modificación de los convenios internacionales. De ahí la problemática para México y otros países, porque son convenios firmados desde casi seis décadas y la complejidad de cambiar esas convenciones tomará mucho tiempo. “Significará un enorme esfuerzo de negociación con los países que están contra cualquier tipo de despenalización de drogas y sencillamente no van a apoyar esa iniciativa”, manifestó.
Mohar refirió que México, incluso, muchas veces puso el tema sobre la mesa.
“Hay países que han violado las convenciones, pese a que firmaron. Me refiero a Portugal y en América Latina a Uruguay, así como algunos estados de Estados Unidos. Pero el gobierno de Estados Unidos, de hecho, está en contra de la modificación de las convenciones.
“Ahí está el dilema y aquí está la problemática para México por la iniciativa de legalizar las drogas”, comentó.
El ex director general del INCAN comentó que la propuesta del gobierno de Andrés López Obrador de llevar el tema a la ONU es la correcta, pero “en las reuniones de la JIFE en las que participé se tocaba el tema y resultaba muy difícil de modificar. “Quizás abran el debate para reubicar la cannabis en otros grupos de medicamentos controlados y se pueda avanzar, pero modificarla en su conjunto lo veo a corto plazo muy difícil por la posición muy radical de un grupo fuerte de países dentro de la ONU.
“La otra opción es legalizarla sin atender el acuerdo, pero la JIFE señalará a México como un país que no cumple con los convenios internacionales y que viola los acuerdos firmados desde 1968. “Lamentablemente la cannabis está etiquetada en el grupo uno, es decir, donde se encuentra la heroína y el LSD, y aunque tienen impactos diferentes, hoy por hoy es una droga que rechaza legalizar la JIFE y la ONU”, subrayó.
El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, reconoció que la actual estrategia de seguridad puede perfeccionarse, sin embargo, llamó al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a conocer a fondo el trabajo, logros y capacidades de la corporación, antes de tomar decisiones sobre su futuro.
Por separado, la asociación Alto al Secuestro urgió al gobierno electo a asumir con mayor decisión y responsabilidad una estrategia de seguridad, ya que las iniciativas “no están claras y definidas ni mucho menos cuentan con una visión integral que resuelva el problema”.
Mientras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reprochó que la actual administración ha actuado con “incompetencia y negligencia” en los casos más lacerantes de corrupción e inseguridad.
Durante la ceremonia del cuarto aniversario de la División de Gendarmería, el comisionado de la PF sostuvo que quienes tomarán las riendas de la seguridad “deben saber que lo que están buscando está ya hoy uniformado, que lo que quieren para México está hoy ya cumpliendo con un servicio”.
En Acolman, Estado de México, puntualizó que ante los inminentes cambios por venir, “con disciplina e institucionalidad, la PF da la bienvenida a las propuestas, pues siempre representan una oportunidad para perfeccionar las estrategias y políticas de seguridad. “Quiero nuevamente hacer un llamado respetuoso y cordial a quienes tomarán las riendas de seguridad en este país a que revisen con detenimiento la ca- lidad humana y profesional de los policías que constituyen la PF”, señaló.
Por separado, Alto al Secuestro y el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales consideraron que sin un plan integral, “las altas expectativas” puestas en el próximo gobierno quedarán sin sustento y solo administrará la inseguridad.
Al presentar las conclusiones del foro “Cuándo, Cómo, Con qué”, realizado el 26 de julio pasado, las organizaciones propusieron a las autoridades electas trabajar en la restructuración integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hacer reformas a la Ley General de Víctimas para garantizar una reparación integral y efectiva.
La Coparmex criticó “la incompetencia y negligencia” de los órganos de justicia en casos de corrupción e inseguridad, como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el de los normalistas de Ayotzinapa.
“Es una pifia cómo vemos casos como estos de manera cotidiana, no nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de naturalización”, reprochó el presidente de la organización, Gustavo de Hoyos Walter, tras concluir las juntas nacionales del organismo, acto en el que estuvo como invitada Tatiana Clouthier.
De Hoyos dijo que insistirán al próximo gobierno federal que ponga en marcha una fiscalía independiente para que se aplique la justicia en todos los niveles de gobierno.
Clouthier, próxima subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dijo que a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, la dejó libre el gobierno actual.