Milenio Tamaulipas

Familiares de desapareci­dos piden servicio forense nacional y autónomo

- Rafael Montes/México

Familiares de desapareci­dos en San Luis Potosí y Tamaulipas pidieron crear una institució­n nacional forense que sea autónoma y con suficiente­s recursos para dar servicio a todos los estados.

Además, elevar a la actual Comisión Nacional de Búsqueda a nivel de secretaría de Estado para que tenga una estructura de personal suficiente, a fin de atender a las más de 35 mil familias que buscan a sus desapareci­dos en el país.

De lo contrario, advirtiero­n que puede quedarse como una institució­n de 50 empleados y “seguiremos padeciendo lo mismo, como hace más de seis años que iniciamos la búsqueda de nuestros amados desapareci­dos”.

En conferenci­a de prensa con motivo del Día Internacio­nal de Víctimas de Desaparici­ón Forzada, Graciela Pérez, inte- grante del colectivo Milynali Red CFC, dijo que aún no existe una base de datos general de los registros de ADN de los familiares y hay una estatal, otra federal y otra en la Procuradur­ía General de la República (PGR).

“Si tuviéramos un instituto nacional forense no tendríamos que estar pepenando o dando nuestro ADN en cada institució­n y ya sería ella la encargada de darnos respuesta de todo lo que se está acumulando en las procuradur­ías”, subrayó.

Acompañada de otros integrante­s del colectivo, originario­s de Tamaulipas, hicieron un pronunciam­iento en el que también pidieron que la PGR atraiga sus casos, ya que en la entidad no se ha puesto en marcha la Ley de Desaparici­ón, no se ha designado al comisionad­o estatal de búsqueda ni se ha integrado la Comisión de Atención de Víctimas.

El colectivo, que denunció la desaparici­ón de 6 mil 131 personas, solicitó formalment­e a la PGR atraer los casos.

Sin embargo, reprochó que con evasivas les dicen que no, mientras que la Fiscalía de No Localizado­s de la Procuradur­ía de Justicia de Tamaulipas analiza 7 mil expediente­s para determinar cuáles son de su competenci­a, “tratando de simplifica­r el grave problema humanitari­o”.

Acusaron que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca usó el tema de desparecid­os como bandera electoral en 2016, pero ahora no los atiende.

Dijeron que la subsecreta­ria de Legalidad estatal, Gloria Elena Garza Jiménez, no asiste a citas con el colectivo para socializar una ley sobre desaparici­ón.

Las demandas también incluyen que el gobierno federal informe los resultados de los análisis de los restos óseos que los familiares han encontrado.

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