Rectificaciones y ratificaciones
El reto por ahora, el más relevante para quienes habrán de gobernar, es el diagnóstico; la óptica de la oposición es generalmente maniquea, casi igual que la de quien detenta el poder
El país no está en ruina, pero tampoco está bien. Son muchos los problemas e insuficiencias, algunos graves, pero también hay logros y fortalezas. Quienes se van ponderan y se remiten a lo segundo; quienes llegan, a lo primero, por eso ganaron y mal harían en descalificar la voluntad del que los llevo al poder. Pero ahora les toca gobernar y para ello ser realista es indispensable.
El reto por ahora, el más relevante para quienes habrán de gobernar, es el diagnóstico. La óptica de la oposición es generalmente maniquea, casi igual que la de quien gobierna, la cuestión es que un diagnóstico erróneo lleva invariablemente a una mala y quizá desastrosa solución. De un buen estudio de la situación se derivan acertadas soluciones, no siempre en el sentido que se había previsto. Evaluar desde la oposición pondera en exceso la voluntad, precisamente porque se busca ganar el voto a partir del relevo, como si eso por sí mismo hubiera de resolver todo.
El largo periodo de transición ha dado lugar a un examen de la situación existente. No debe sorprender que haya rectificaciones y ratificaciones. En lo primero la economía y la seguridad obligan a un cambio a lo propuesto originalmente. No se puede retirar a las fuerzas armadas de las labores de policía, por más indeseable que esto sea. Una economía que funcione necesita de inversión privada, y para que esto exista se requieren tres elementos: confianza, certeza de derechos y oportunidades rentables.
Los dos primeros temas son responsabilidad del gobierno; solo en cierto sentido la tercera. Las empresas deben arriesgar con un cálculo razonable de retorno. No se trata de invertir en mercados cautivos y en condiciones de competencia privilegiada. Pero sí, de que las propuestas que se presentan, especialmente en materia de inversión en infraestructura y en energía tengan un esquema razonable de retorno.
El Presidente electo ha entendido que el crecimiento económico y varios de sus proyectos de obra requieren de presencia significativa del sector privado. El tren maya tiene tramos rentables, otros quizás lo sean en una perspectiva de muy largo plazo y con acciones de inversión pública y privada a manera de generar demanda suficiente de ese tipo de transporte. Más de las dos terceras partes están en estas últimas condiciones. Lo mismo se ve para el nuevo aeropuerto y la política energética. La rectificación no compromete si se mantiene lo fundamental.
Esto remite a la estrategia de seguridad y a la renovación del gobierno. En lo primero es fijar un plan de mediano y largo plazos para resolver en sus diversos orígenes la criminalidad. La violencia asociada y el delito tiene distintas causas y expresiones. López Obrador tiene sobrada autoridad para convocar a un acuerdo nacional por la pacificación y la justicia que incluya la sociedad civil, los poderes públicos y los tres órdenes de gobierno. Al respecto no hay solución fácil ni inmediata; superar esto requerirá de tiempo, mucho dinero y de la suma de voluntades.
Un mejor gobierno es un gobierno eficaz. La idea de disminuir su costo es encomiable si se habla del burocratismo, de la sobrerreglamentación y de procesos que pueden agilizarse o simplificarse mediante la tecnología digital. Los excesos deben acabarse, también la venalidad en muchas de las gestiones y ventanillas de gobierno. Una medida a rajatabla para disminuir sueldos y prestaciones no es consecuente con el propósito de un buen gobierno. El servicio civil de carrera debe respetarse.
Desconcentrar territorialmente el gobierno debe someterse a revisión. Los estados y municipios receptores deben ser objeto de consulta. También los trabajadores y los empleados de confianza. No es una decisión fácil de ejecutar. Nuevamente, hacerlo bien requiere tiempo y mucho dinero público y privado. Por cierto, el tema poco tiene que ver con la Cuarta Transformación a la que convoca y es muy desgastante y costoso.
Abatir la impunidad, la corrupción y la pobreza son objetivos que el gobierno ratifica. Avanzar en ello sería trascendental. La exigencia pública es inequívoca. Ganar terreno en estos temas no solo es materia de voluntad del jefe de gobierno ni de la mayoría legislativa; requiere un plan muy complejo y con perspectiva de largo plazo.
Para superar la pobreza de poco sirven las políticas asistencialistas. Lo mejor es el crecimiento económico y no está mal que se piense en el desarrollo de las zonas más deprimidas, pero también requiere de acciones colaterales como son salud y educación. No está por demás señalar que los más bajos niveles educativos se dan en las zonas más pobres del país. La inversión en infraestructura es un buen esfuerzo y también mejorar las oportunidades laborales y de negocio, tema que no está en estricto sentido en la política pública de gasto.
No se puede retirar a las fuerzas armadas de las labores de policía, por más indeseable que esto sea