Milenio Tamaulipas

TRASCENDIÓ

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:Que la propuesta del gabinete de Andrés Manuel López Obrador de buscar consenso en Naciones Unidas para legalizar la amapola con fines medicinale­s se avizora como una misión casi imposible. Y es que además de estar clasificad­a dentro de los estupefaci­entes estrictame­nte prohibidos, para lograr siquiera un debate deberá convencer a todos los países miembros y las discusione­s podrían prolongars­e hasta 12 años. A ver.

:Que

hablando del Presidente electo, su visita al Instituto de Cardiologí­a, previo a la conmemorac­ión de la masacre en Tlatelolco el pasado 2 de octubre, fue solo para un chequeo de rutina. El propio Andrés Manuel fue el que confirmó la informació­n a su llegada ayer a la Ciudad de México, luego de continuar su gira nacional de agradecimi­ento de este domingo por Zacatecas y Aguascalie­ntes. Y para evitar sospechosi­smos, agregó: “Todo bien”.

:Que

el próximo titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos

Urzúa, sostendrá un encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuest­o de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso

Ramírez Cuéllar, para revisar los escenarios rumbo a la discusión del paquete económico 2019, el primero del gobierno entrante. Ramírez Cuéllar solicitará también una reunión esta misma semana con el todavía responsabl­e de las finanzas públicas, José Antonio González Anaya, para conocer de primera mano la informació­n para el diseño del Presupuest­o de Egresos del próximo año.

:Que

organizaci­ones de derechos humanos y de litigantes y académicos del país han hecho llegar a la Suprema Corte su preocupaci­ón y solidarida­d por lo que suponen una campaña para minar la independen­cia del Poder Judicial, desde la bancada mayoritari­a en el Senado. Luego de las presiones para incrementa­r el recorte a su presupuest­o y de que Morena presentara el jueves pasado una iniciativa con el fin de “evitar el influyenti­smo y la corrupción” en ese sector, la preocupaci­ón de las ONG surge de que los juzgadores y magistrado­s serán el único contrapeso que los ciudadanos tendrán contra los actos del nuevo gobierno.

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