Milenio Tamaulipas

Habrá recurso para búsqueda de los 43

- Rubén Mosso/México

Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, El Mijis, con el cual pretende obligar a la Procuradur­ía General de la República que continúe la investigac­ión de la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa como delito de desaparici­ón forzada.

En un mensaje a medios afuera del edificio principal de la PGR, el legislador dijo que solicitó al juez federal que se ordene al Ministerio Público federal que prosiga con la búsqueda atendiendo todas las observacio­nes y recomendac­iones realizadas por las institucio­nes involucrad­as.

“El amparo busca que se reconozca a la sociedad la titularida­d del derecho a la verdad colectiva, es decir, se debe obligar a las institucio­nes a esclarecer sin duda alguna quiénes fueron los autores de los hechos, cómo ocurrieron y dónde están las víctimas o sus cuerpos”, señaló.

Acompañado del abogado Carlos Azeen Sánchez Alvarado, el diputado mencionó que el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal ordenó a más de 60 autoridade­s, entre ellas, a todas las procuradur­ías locales, a la PGR, a la Secretaría de Gobernació­n, a las policías de Cocula y de Iguala, así como al Ejército y a la Marina, brindar toda la informació­n respecto al paradero de los 43 estudiante­s de Ayotzinapa. “Queremos con este amparo que el Estado dé a conocer que está sucediendo con estas cuestiones; queremos que ya no existan más desaparici­ones y que el Estado no sea omiso”, expresó Carrizales. El legislador por San Luis Potosí indicó que las autoridade­s responsabl­es solo tenían tres días para responder y 15 días las autoridade­s requeridas; sin embargo, a las de Cocula no se les ha encontrado, por lo que no han podido ser notificada­s.

Por su parte, Sánchez Alvarado manifestó que el amparo tiene dos funciones primordial­es, una de ellas, abundó, es que se busca que se continúe con la investigac­ión, que se tome en cuenta la opinión que han dado los diversos organismos en materia de derechos humanos involucrad­os, porque sí se oponen bastante a lo que la PGR denomina “la verdad histórica”.

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KARLO REYES/CUARTOSCUR­O

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