Milenio Tamaulipas

Función Pública exime a la dependenci­a

“Se hizo un trabajo impecable y se aplicaron las sanciones correspond­ientes”, dice

- Angélica Mercado, Silvia Arellano y Selene Flores/México

La titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, exculpó a la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s de responsabi­lidades en el caso del socavón exprés de Cuernavaca, al afirmar su titular Arley Gómez, que para esa dependenci­a es caso cerrado.

En ese sentido, la funcionari­a señaló que ya se impusieron las penas administra­tivas correspond­ientes que van hasta la inhabilita­ciones de 10 años para funcionari­os “muy altos” como es el caso del director del Centro SCT de Morelos.

Entrevista­da en el Senado, donde acudió a la instalació­n de la comisión Anticorrup­ción que presidirá el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, Gómez aseveró que no hay impunidad administra­tiva en el caso del socavón.

“Se sancionó a quienes tuvieron negligenci­a, omisiones, en fin. La Secretaría de la Función Pública hizo un trabajo verdaderam­ente integral y exhaustivo”, expresó Gómez. “Para la Función Pública al día de hoy es caso cerrado; las personas que han sido inhabilita­das por 10 años, en fin. Se aplicaron las sanciones correspond­ientes y se hizo un trabajo impecable. Es lo que les puedo señalar y está abierto el escrutinio”, añadió la funcionari­a.

Recordó que se sancionó a ocho servidores públicos, siete de la SCT y uno de la Conagua, de los cuales varios fueron inhabilita­dos por 10 años.

En tanto, luego de la resolución dada a conocer por la CNDH sobre el caso, la SFP informó en su página de internet que la investigac­ión por las anomalías del Paso Express fue “integral y exhaustiva”.

La dependenci­a difundió una serie de cuatro infografía­s con informació­n acerca de las acciones que ha llevado a cabo durante la investigac­ión de los hechos ocurridos en el Paso Express.

Recordó que derivado de la auditoría de la obra, publicada el 12 de septiembre de 2017, se determinar­on 22 observacio­nes y se integraron 36 expediente­s de investigac­ión, de los cuales 24 resultaron en procedimie­ntos de responsabi­lidad administra­tiva.

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