Fiscalía autónoma: una deuda con México
La semana pasada fue aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el Senado, y la gran deuda con México sigue siendo la autonomía de esta institución encargada de investigar y procurar la justicia en nuestro país.
Poco se escucharon las voces de la sociedad civil que exigían primero una reforma al articulo 102 Constitucional para transformar el proceso de selección del Fiscal General. Además pedían mayores requisitos para los candidatos a ocupar dicho puestos y otras medidas que garantizaran, en mayor medida, su independencia del poder político.
Históricamente la procuración de justicia, tanto a nivel federal como estatal, ha estado supeditada a los titulares del Poder Ejecutivo. Hoy con la minuta que se ha aprobado, todo parece indicar que esto no cambiará pues el Presidente de la República podrá remover al Fiscal General cuando concurran una serie de supuestos.
En este marco es importante apuntar que la temporalidad del titular de la Procuraduría General de la República en los últimos 20 años ha sido de dos años tres meses. Haciendo imposible la continuidad en las políticas públicas, y mostrando que su estabilidad en el cargo ha estado sujeta más a cuestiones coyunturales, que a un plan de trabajo o a la evaluación del desempeño de la persona en el cargo.
Este debe ser el tiempo de las instituciones. Sólo en la medida en que construyamos instituciones fuertes, podremos seguir caminando como país en la dirección correcta. No concibo que como en el fútbol, creamos que por cambiar de director técnico cada cuatro años para ir a un mundial (en este caso de Presidente cada seis), el resultado será completamente distinto.
El mejor ejemplo mexicano de una institución que se ha consolidado y ha realizado un trabajo que ha abonado a la estabilidad y el crecimiento es el Banco de México, aunque ahora en la agenda de algunos esté desacreditar su desempeño.
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La discusión será ahora en la Cámara de Diputados; pero con la mayoría que tiene Morena, le alcanza para que seis años más tengamos una Fiscalía ligada al Presidente de la República.
El Presidente podrá remover al Fiscal General con serie de supuestos