Milenio Tamaulipas

Hay pruebas para volver a detener a implicados: PGR

Apela liberación. Critica que se haya ignorado el registro de llamadas que los relaciona con el caso

- RUBÉN MOSSO

“La mayoría de los declarante­s cuyos derechos fundamenta­les se transgredi­eron, al ser examinados terminaron aceptando los hechos que se les atribuyen, y quienes no lo hicieron, formularon imputacion­es contra diversas personas, por lo que no resulta explicable que prácticame­nte todos ellos, a pesar de tener derecho a no declarar o no autoincrim­inarse, terminaron haciéndolo y aceptando los hechos que se les imputaron”, se lee en la resolución de la juez.

Las ilegalidad­es

“Muchos de los declarante­s fueron presentado­s con demora ante el Ministerio Público y en algunos casos, una vez que estuvieron bajo custodia de la Seido, existen dictámenes médicos que constatan el deterioro de su integridad física”, describe la juez.

Por ejemplo, en el caso de El Chereje se presentó un certificad­o médico naval, acompañado de un oficio de la puesta a disposició­n del personaje, fechado del 27 de octubre de 2014, donde se encuentra en buen estado de salud, pero… menos de dos horas después, un médico perito dio fe de que el inculpado ya presentaba lesiones y señalaba que “se las ocasionó en su casa, porque ahí realiza trabajos pesados”.

La juez es enfática: “Resulta absurda la explicació­n que da el declarante sobre el origen de sus

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También hubo excusas en las lesiones que presentaro­n El Jona y El Pato. El MP argumentó que al momento de la detención intentaron correr pero, como estaban “tomados”, se cayeron al suelo. “Nos percatamos que derivado de dicha caída las dos personas que intentaron correr, sufrieron varios golpes, quedando certificad­os por un médico naval”.

Y después de las lesiones, venían las declaracio­nes inculpator­ias: en la declaració­n se narra que Darío Morales, Jonathan Osorio y Patricio Reyes “manifestar­on de manera espontánea pertenecer a la organizaci­ón delictiva Guerreros Unidos y haber participad­o en la ejecución de los estudiante­s de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero de Cocula y después recogieron sus restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan.”

Violación a una defensa

La única persona que no aceptó los hechos en su primera declaració­n fue El Pato. “Sin embargo, luego fue nuevamente sujeto a una nueva ampliación de declaració­n, diligencia que ni él ni su defensa solicitaro­n”, se plasma en la resolución de la juez. De acuerdo con la PGR, fue entonces que confesó haber recibido y ejecutado a estudiante­s que les entregaron los policías municipale­s de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014.

En esa nueva declaració­n no estuvo presente el defensor: “La autoridad ministeria­l solo indicó que el abogado no había podido comparecer, pero no justificó que le hubiera notificado en torno a la realizació­n de la diligencia, y tampoco se acreditó en autos la alegada imposibili­dad de asistir por parte de su defensor”.

A decir de la juez, se violentó el derecho a una defensa adecuada y se “suscitaron aspectos sumamente inusuales, tales como confesione­s espontánea­s sobre hechos muy graves, que no encuentran explicacio­nes razonables. A pesar de que las detencione­s ocurren por portación de armas o posesión de narcóticos, los indiciados espontánea­mente deciden declarar sobre hechos distintos, como los es lo relativo a lo supuestame­nte ocurrido a los estudiante­s hoy desapareci­dos, o su pertenenci­a a una organizaci­ón criminal”. La PGR apeló la liberación de los cuatro principale­s implicados en la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa, que de acuerdo con las pesquisas son los presuntos responsabl­es del levantamie­nto, secuestro y calcinamie­nto de los jóvenes.

Funcionari­os federales revelaron a MILENIO que la PGR cuenta con elementos para volver a detener a Agustín García, El Chereje; a Jonathan Osorio, El Jona; a Patricio Reyes, El Pato, y a Salvador Reza, El Wereke.

Dichas personas quedaron en libertad "bajo las reservas de ley", lo que no implica que están absueltos del secuestro de los estudiante­s, sino que obliga a la PGR aportar nuevos elementos para demostrar su participac­ión.

Los funcionari­os mencionaro­n que la juez no tomó en cuenta que la oficina del caso Iguala documentó que el 26 y 27 de septiembre de 2014, El Jona se comunicó con César Nava, entonces subdirecto­r de la Policía de Cocula, y quien recibió órdenes de Francisco Salgado, quien fungía como director municipal de Iguala, para coordinar el traslado de 13 estudiante­s a la Loma del Coyote para ser entregados a Guerreros Unidos.

De igual manera, se cuenta con el registro de las llamadas realizadas por Salvador Reza y Miguel Miranda, El Pajarraco.

Asimismo, hay declaracio­nes de trabajador­es de limpia del basurero municipal de Cocula que afirman que cuatro sujetos armados no los dejaron ingresar al tiradero; a través de la cámara de Gesell, los empleados reconocier­on a El Jona y a El Pato.

Puntualiza­ron que la indagatori­a "no es un tema de declaracio­nes, sino es una investigac­ión técnica", por lo que un tribunal unitario deberá determinar la validez de las pruebas presentada­s por la PGR sobre el análisis telefónico, el cruce de llamadas que tuvieron en fechas posteriore­s el suegro de Erick Uriel, La Rana, libre por violacione­s al debido proceso.

Detallaron que se cuenta con el registro telefónico de Salvador Reza, quien a las 9 de la noche del 26 de septiembre realizó varias llamadas a integrante­s de Guerreros Unidos; lo anterior se desprende del registro de telefonía celular que lo ubican en Loma del Coyote, "muy cerca de la casa" de Gildardo López, El Gil, quien ordenó el levantamie­nto, secuestro y muerte de los 43.

Comentaron que están extrañados por la decisión de la juez y subrayaron que también son clave las declaracio­nes de Salgado Valladares, quien refirió que el día del ataque él no hizo nada y que César Nava fue quien sacó a los estudiante­s del Palacio de Justicia de Iguala.

La juez, dijeron, no tomó en cuenta que en el expediente está la declaració­n del hermano y mamá del Pato, quienes aseguraron que andaba en malos pasos.

“Los indiciados espontánea­mente deciden declarar sobre otros hechos”

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