Alza salarial y Presupuesto, aciertos
Que el gobernante empeñe y rescate con hechos su palabra es encomiable, pero el espacio de maniobra resulta a veces estrecho para conciliar lo prometido con la realidad, sobre todo con la realidad económica
La cancelación del NAIM en Texcoco ha dejado un saldo negativo que gradualmente se ha ido procesando, pero que en el sector inversionista dista mucho de ser entendido como una decisión sensata. Sin duda, el acuerdo con los tenedores de bonos del fideicomiso bajo el régimen de la bolsa en NYC ha desactivado uno de los mayores riesgos, pero lo cierto es que vamos a pagar a cambio solo de eso, de evitar una demanda colectiva, porque aeropuerto en Texcoco no habrá. La buena recepción al incremento salarial y al paquete financiero despeja algunas de las muchas dudas del sector empresarial sobre las intenciones del nuevo gobierno. Ambas noticias son alentadoras, aunque la incertidumbre persiste en varios rubros derivado de que lo conocido hasta ahora, confirma la decisión presidencial de responder a sus compromisos de campaña.
Que el gobernante empeñe y rescate con hechos su palabra es encomiable. Pero el espacio de maniobra resulta a veces estrecho para conciliar lo prometido con la realidad, sobre todo con la realidad económica. Además, no todo depende del gobierno y del Congreso. Existen variables fuera de control doméstico como son los precios del petróleo, la situación del entorno internacional, el crecimiento de la economía del principal socio comercial y otros aspectos más, que inciden en lo que puede hacerse sin comprometer la estabilidad económica.
En materia de presupuesto, ha llegado el momento de las decisiones. Alienta que se ha optado por lo más razonable: equilibrio en las finanzas públicas y una política de austeridad, aunque el debate es inevitable, sobre todo cuando hay un cambio profundo en las prioridades del gasto público. El Presidente honra buena parte de sus compromisos y si la decisión es no incrementar el déficit fiscal, es lógico que muchas sean las áreas afectadas con disminución de recursos. Ahora queda claro que la austeridad no es una vía para el financiamiento de la inversión petrolera o del gasto social, aunque sí es una decisión necesaria, siempre y cuando no comprometa la calidad del gobierno. Hacer más con menos es más fácil decirlo que volverlo realidad.
Otra señal correcta a la sociedad lo constituye la prontitud con la que el presidente López Obrador actuó frente a la inconformidad de las universidades públicas por la disminución de los recursos asignados a éstas. Los alcaldes y los diputados también han manifestado su insatisfacción por la disminución de varios rubros de gasto. Es lógico. En el presupuesto siempre hay perdedores, algunos sin capacidad para hacer sentir su inconformidad, y otros que todavía no se dan por notificados de la afectación que habrá hacia delante.
En mi opinión, es muy preocupante que en el contexto de la nueva estrategia para atender el problema de la seguridad pública no se haya previsto fortalecer la capacidad institucional de los estados y municipios, lo que requiere un incremento significativo en la inversión y el gasto. Desde ahora se advierte la dificultad para disminuir eficazmente los delitos que más afectan a las personas y a las familias por esta visión centralista en la asignación de los recursos para la seguridad pública. No hay de otra, si se quiere ganar terreno a la inseguridad, se tienen que fortalecer a las policías más próximas a la población. Dejarlas en el abandono es exponerlas a la cooptación del crimen con todo lo que eso significa.
La aprobación de la ley de ingresos, las modificaciones al proyecto de creación de la Guardia Nacional y la designación en tiempo y forma del ministro de la Corte, son indicativos de que hay una razonable postura del gobierno y de la oposición en su trato institucional. En nada afecta y sí mucho ayuda, el que exista consenso en las definiciones generales de temas fundamentales como el ingreso y el gasto, más allá de las diferencias propias de la diversidad partidaria.
En el extremo opuesto, pero comprensible y normal en una sociedad democrática, es de destacar la dificultad en el sector inversionista para aceptar los tres grandes proyectos de infraestructura del gobierno: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Pemex en Tabasco. Habrá de ser el tiempo y los resultados, los que pongan las cosas en su justa dimensión.
De igual manera, hay debate e incomprensión por la propuesta de disminuir los ingresos de los servidores públicos. Ello y la misma austeridad, pueden afectar la calidad del servicio público, que es algo que se debe cuidar y garantizar. Visto desde la sociedad, es difícil aceptar remuneraciones elevadas de los servidores públicos, internamente, la situación es diferente. El servicio civil de carrera que se alienta en la mayoría de los países modernos y democráticos supone salarios competitivos y en algunos casos con referencia al mercado laboral internacional.
El cierre de año que vivimos es el inicio de una nueva administración que enfrenta viejos desafíos. Por eso son obligadas las nuevas respuestas.
Es destacable la dificultad en el sector inversionista para aceptar los tres grandes proyectos