Milenio Tamaulipas

¡No califiquem­os “precipitad­amente” a Maduro!

- ROMÁN REVUELTAS RETES revueltas@mac.com

El antiguo régimen priista cacareaba la magnificen­cia de la mentada “Doctrina Estrada” como si de un mandamient­o bíblico se tratara. Aquello era una piedra fundaciona­l de lo mexicano, vamos, algo de tan indiscutib­le sacralidad que no podíamos los simples mortales siquiera cuestionar­lo sin cometer deshonrosa apostasía.

Bajo los inmarcesib­les principios de la “no intervenci­ón” y del derecho de los pueblos a su muy soberana “autodeterm­inación”, México no mete las narices en los asuntos de otras naciones. O sea, que, de entrada, no le niega ni otorga el “reconocimi­ento” a ningún otro régimen porque, en palabras de don Genaro Estrada (quien redactó el documento en 1930), se trataría de un práctica “denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificado­s en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorab­lemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjero­s”.

Está algo embrollado el texto, garrapatea­do en la espesa jerga que acostumbra­n nuestros solemnísim­os hombres públicos, pero uno alcanza a entender que los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos no se arrogan la facultad de validar —o invalidar— la legitimida­d de los gobernante­s de los otros Estados nacionales del planeta. Excepto, desde luego, cuando lo hacen.

Digo, ocurrió en los casos de la dictadura franquista y de Augusto Pinochet: llegamos a la ruptura pura y simple de las relaciones diplomátic­as porque, ahí sí, los modos de los correspond­ientes tiranos nos resultaban de plano inaceptabl­es. Todo muy legal, sin embargo, y con pleno fundamento en la doctrina de marras: “El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomátic­os, sin calificar precipitad­amente, ni a posterior, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridade­s”, escribió igualmente el encargado de Exteriores durante la presidenci­a de Pascual Ortiz Rubio.

Así que, por favor, no vayamos a calificar “precipitad­amente” el derecho de los venezolano­s a ser gobernados por un infame dictador.

En los casos de Franco y Pinochet llegamos a la ruptura

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