SCT pide 2 mmdp para proyectos carreteros
Pagos de liberación. El objetivo es concretar 267 obras en 31 estados que comenzarán durante el primer año de la administración de López Obrador
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a su contraparte de Hacienda 2 mil millones de pesos para un programa de liberación de derecho de vía que permita concretar 267 proyectos carreteros que iniciarán durante el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Programa y Proyecto de Inversión (PPI) registrado ante Hacienda, la SCT indica que es necesario contar “en tiempo y forma” con los recursos para cu- brir los pagos de la liberación del derecho de vía en 31 Centros SCT donde se localizan las obras que lo requieren.
Advierte que este proceso es sumamente complejo y señala que en caso de no aplicarse se deberá optar por otro programa para evitar nuevas invasiones y recuperar los espacios que se encuentran invadidos.
Establece que dicho programa permitirá continuar o iniciar la construcción y modernización de las obras programadas en el ejercicio2019;realizarpagosdeadeudos de obras terminadas, así como de las históricas; llevar a cabo la liberacióndelderechodevíadeobrasa iniciarse a partir de 2019, así como el pago de sentencias derivadas de juicios contra esta secretaría.
La conclusión del PPI considera “prioritario obtener en tiempo y forma la liberación del derecho de vía, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de las obras de infraestructura carretera, asimismo se evitan las demandas y reclamos por parte de los afectados y las suspensiones de obra generadas por la falta en la oportunidad en los pagos correspondientes”.
El documento señala que en caso de no realizarse el proyecto “se plantea efectuar una campaña tendiente a evitar invasiones al derecho de vía histórico y a la recuperación de los terrenos invadidos actualmente”.
Lo anterior, dice, permite tener a disposición estos terrenos para proyectos de ampliación y para el mejor funcionamiento, seguridad, dotación de servicios y trabajos de conservación de las carreteras existentes.
Sin embargo, “estas acciones no garantizan contar con los terrenos necesarios para algunas obras de modernización o de construcción de pasos superiores vehiculares o entronques, en donde la realización de las mismas requiere terreno extra al que se cuenta; asimismo, para el caso de tramos nuevos donde la única opción es adquirir los terrenos necesarios”.
Los 2 mil millones de pesos solicitados para este programa, que tiene un año como margen de etapa de ejecución, se dividen en 60 millones para servicios bancarios y financieros; 40 millones para impuestos y derechos; mil 400 millones para el pago de adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones, así como para la compra de terrenos e inmuebles, y 500 millones para la liberación de derechos de vía.
El análisis explica que el derecho de vía actual o histórico suele ser insuficiente para algunos proyectos de modernización, ya que de acuerdo a las características de los propios proyectos, en ocasiones éste no alcanza a albergar la sección del proyecto o las franjas de terreno que por servicio y/o seguridad se dejan a un costado y que en el caso de nuevas carreteras es necesaria la adquisición de nuevos terrenos donde alojar los proyectos.
Los 267 proyectos carreteros están distribuidos en 31 entidades, exceptuando Ciudad de México. Deellos,NuevoLeóneslaqueconcentra el mayor número de proyectos con 32, seguido por Guanajuato,18;Jalisco,15yEstadodeMéxico, con 14.
Advierte también que el proceso para la liberación del derecho de vía “es sumamente complejo en su estructura, ya que contempla diferentes conceptos como son: pagos de avalúos y tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), pago de notarios e impuestos, movimiento de torres de alta tensión de CFE, de tuberías de Pemex, de CNA y zonas arqueológicas que se localicen durante el proceso de construcción.
Resalta que intervienen también instancias como la Sedatu, en un proceso que “puede llevar alrededor de uno o más años, por lo cual se establecen convenios con los ejidatarios mientras se publica el decreto expropiatorio. Lo anterior ha originado que se tengan adeudos en la liberación de derecho de vía de obras ya concluidas desde hace años y que se ha venido pagando a fin de regularizar los predios”.