Sergio López Ayllón
“La corrupción de la Judicatura es una de las principales amenazas a la sociedad”
El año inicia con cambios relevantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El único de los poderes que no está sujeto a los tiempos electorales tuvo hace unos días una renovación que implica potencialmente su propia 4T. Tiene un nuevo presidente, un ministro recién designado y de vocación “liberal” (al que se sumará otra u otro en febrero) y una integración de las salas que anuncia una nueva alineación de las diversas visiones que confluyen en la Corte.
Por muchas razones, el Poder Judicial de la Federación requiere de una profunda reforma. Cuatro ministros se postularon para la presidencia de la Corte y, aunque con diferentes acentos, todos sus planes de trabajo reconocían la necesidad de un cambio (bit.ly/PlanesSCJN).
El ministro Arturo Zaldívar fue electo como presidente por 7 de los 11 integrantes de la SCJN. En su historia reciente, es la primera vez que estará presidida por alguien que no proviene del propio Poder Judicial. Este hecho es relevante porque finalmente se rompió con el monopolio que ejercían los jueces de carrera sobre la conducción del Poder Judicial y anuncia un punto de inflexión en el marco de la institucionalidad.
En los pasillos de la política se habló de una “cercanía” de Zaldívar con el nuevo gobierno. Aquí conviene contrastar estos dichos con la trayectoria de un ministro que, con sus votos, ha construido una reputación de autonomía. Asimismo, el hecho de que no provenga del mundo judicial le permite construir una relación diferente con los otros poderes y con el propio Poder Judicial.
El posicionamiento del ministro presidente es perfectamente claro. El principal desafío es preservar la independencia judicial sin entrar en una confrontación de poderes. Para ello, el Poder Judicial necesita una renovación interna como única manera de reivindicar su legitimidad. Detrás de este planteamiento hay una visión política de la función de la SCJN que, en sus palabras, consiste en “asegurar el presente y el futuro de la democracia mexicana”.
A partir de estas ideas, Zaldívar desarrolla varias líneas de acción centradas en la protección de los derechos humanos y un mejor acceso a la justicia. Además, propone un ejercicio autocrítico para que el conjunto del Poder Judicial actúe con austeridad y combata el nepotismo y la corrupción. En este último tema hay un planteamiento radical: la corrupción de la Judicatura es una de las principales amenazas a la sociedad y al funcionamiento del Estado democrático.
Zaldívar también propone una reorientación de los jueces como agentes de renovación, un replanteamiento de la carrera judicial y, finalmente, postula al diálogo como una herramienta permanente de comunicación del Poder Judicial. Reconoce que la acción de la justicia no puede construirse aisladamente, sino en constante interacción con los otros poderes, con los tribunales estatales y con los diferentes actores sociales.
Menuda tarea espera al ministro Zaldívar. Ojalá tenga el apoyo necesario de sus colegas y juntos puedan construir una auténtica reforma judicial.
Finalmente se rompió con el monopolio de los jueces de carrera en la SCJN