Con Peña, menos violaciones a derechos humanos del Ejército
Senado. Cayó 60% el número de las quejas relacionadas con las fuerzas armadas
De acuerdo con un estudio del Senado, 88 por ciento de las quejas y 85 por ciento de las recomendaciones por violaciones a derechos humanos señalan a autoridades civiles, mientras que las del Ejército y Marina han disminuido casi 60 por ciento en los últimos años.
La investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) titulada “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, hace un análisis cuantitativo de los expedientes de queja registrados por la comisión y las recomendaciones dirigidas por este organismo a las autoridades entre 2000 y 2018.
Detalla que en cada administración aumenta considerablemente el número de quejas por violaciones a derechos humanos.
Durante el gobierno de Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 4 mil 168.5, en el de Felipe Calderón se presentaron 7 mil 608.3 y con Enrique Peña Nieto 9 mil 197.3. Para el caso de las recomendaciones, la administración de Calderón registró el mayor promedio anual, con 81.5 instrumentos, con Peña Nieto hubo un promedio anual de 73.3 recomendaciones, mientras que con Fox se emitieron un promedio de 54.6 por año.
De forma paradójica, las instituciones más señaladas por la violación de los derechos humanos en la coyuntura política actual son las secretarías de la Defensa y de la Marina; sin embargo, en los últimos años también han disminuido de manera significativa el número de quejas y recomendaciones, no obstante que su presencia, actividades y responsabilidades han ido en aumento.
Entre los periodos 2007-2012 y 2013-2018, el promedio anual de quejas contra el Ejército disminuyó casi 60 por ciento, al pasar de mil 335.5, a 551.8. La Marina pasó de tener 495 señalamientos en 2011 a un promedio anual de 267.
“La discusión sobre la Guardia Nacional ofrece una oportunidad para promover una discusión de fondo que nos permita comprender la vulneración de los derechos humanos, en tanto un problema sistémico que involucra a todas las instituciones del Estado, cuya atención requiere de acciones legislativas, así como políticas públicas de corto, mediano y largo plazos, que generen condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.