La República del consenso
La mayoría calificada convierte una reforma constitucional en política pública, pero la unanimidad transforma a esa misma reforma en una política de Estado. La legitimidad es mayor en la unanimidad, aunque también la responsabilidad de llevarla a la práctica sin dilaciones ni desviaciones.
Una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados y por 17 de los 32 congresos estatales, la Guardia Nacional será la iniciativa presidencial con el mayor consenso legislativo que se haya aprobado en mucho tiempo. Vale la pena reseñar este logro colectivo.
Desde 1997, cuando inició el periodo de los gobiernos divididos (ningún partido obtenía a la vez la mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo), las reformas constitucionales eran aprobadas por mayoría calificada, pero nunca por unanimidad.
Se alcanzaba la mayoría estrictamente necesaria, y con ella se avasallaba a las minorías disidentes u opositoras, generalmente identificadas con la izquierda.
Las reformas constitucionales eran aprobadas bajo un esquema esencialmente bipartidista, mediando en ocasiones acuerdos y costos inenarrables.
La llegada a la vida pública de un movimiento de oposición dura como es Morena, con mayorías absolutas en la Presidencia de la República y en ambas cámaras, hizo dudar a muchas personas de la voluntad y capacidad del nuevo gobierno para negociar, generar y construir votaciones unánimes.
En el caso de la Guardia Nacional, se daba por descontado que no se le cambiaría “ni una coma” a la iniciativa original.
Sin embargo, de forma y de fondo, el Senado ejerció a plenitud sus facultades como cámara revisora. La primera decisión unánime fue acudir a la práctica del Parlamento abierto, lo que permitió a más de un centenar de organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos, especialistas y académicos abordar el tema de la Guardia Nacional de manera integral.
Pronto se identificaron los puntos torales de la negociación parlamentaria: el carácter civil o militar del nuevo cuerpo de seguridad, el tiempo de su instrumentación y las garantías de protección a los derechos humanos.
La integración de una mesa ejecutiva de negociación, redacción y técnica legislativa por parte del Senado y de las áreas sustantivas del gobierno federal (Segob, SSPPC, Jurídico de la Presidencia, Sedena y Marina) permitieron encontrar la cuadratura al círculo.
Tres factores aderezaron la negociación: la amplia aprobación ciudadana a la Guardia Nacional; las aportaciones de gobernadores y legisladores de todos los partidos sobre sus experiencias de gobierno locales y nacionales, y la sensibilidad del Ejecutivo federal para escuchar y llegar a un acuerdo. Vendría después un elemento esencial: la generosidad y la altura de miras de los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como de las senadoras y los senadores en lo individual, que hicieron posible la votación inédita del pasado jueves 21 de febrero.
La unanimidad en el Senado fue holística: el todo resultó mayor a la suma de sus partes. La Cámara Alta trascendió a los partidos. Antepuso la colaboración y la cooperación de poderes a la confrontación y el distanciamiento entre los mismos. Ese día asomó el rostro de un nuevo régimen político, la República del Consenso, y de una 4T incluyente, donde se busca convencer no vencer.
Asomó el rostro de un nuevo régimen político, y de una 4T incluyente; se busca convencer