Arturo Zaldívar
“La corrupción de jueces es una de las principales amenazas a la sociedad”
La corrupción de los sistemas judiciales es un mal particularmenteinsidiosoquesocavadesde sus entrañas la vigencia del estado de derecho.Silaproteccióndelosderechosdelaspersonassedeposita en los jueces, ¿qué confianza puede tener la sociedad en el sistema,cuandoéstospuedenserfácilmentesobornados,presionadosoextorsionadospararesolverenunciertosentido?Por ello,sehaseñaladoquelacorrupciónentrelosjuecesesunade lasprincipalesamenazasalasociedadyalfuncionamientodel estadodemocrático.Lapercepciónsocialdequelacorrupción estoleradahacequesepierdalaconfianzaenlasinstituciones yenelsistemapolíticoensuconjunto.
La corrupción judicial comprende una variedad de fenómenos. Puede incluir la existencia de sobornos, favoritismo a familiaresyamigos,interferenciapolítica,extorsióncriminal, presión jerárquica, tráfico de influencias, o desvío de fondos presupuestales.Asimismo,lospoderesjudicialesmuchasveces son percibidos como grupos cerrados y aislados de la crítica externa, en los que predominan conductas colusorias y unpensamientocolectivoqueseretroalimentaatravésdelos mecanismos de capacitación, supervisión y evaluación entre paresquetiendenaprotegersemutuamente.
EnelPoderJudicialdelaFederaciónlacorrupciónnoesun fenómeno generalizado. La gran mayoría de las juzgadoras y juzgadoresfederalesseconducenconindependencia y honestidad, pero la existencia de cierto número de casos daña seriamente la imagen institucional, lo que pone de relieve la necesidad de consolidar una cultura que imponga altos estándares de independencia, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y transparencia en la funciónjudicial.
Lalabordelosjuecesdebeguiarseporlos principios de independencia e imparcialidad, de manera que decidan los casos con apego a derecho, mediante argumentosabiertosalescrutiniopúblico,yalmargendecualquierinfluenciaexterna.Asimismo,suconductadebeapegarseaaltos estándareséticosquetransmitanunaimagenhonestayprofesional,másalládelasolaproscripcióndeconductasilegales.
Así, en la judicatura federal hemos iniciado una política de cero tolerancia, con la que se busca detectar oportunamente loscasosdecorrupción,investigarlosadecuadamenteyerradicarlosenformaefectiva.Todoello,encontrandounbalance apropiado entre el combate a la corrupción y la proteccion de los derechos de las personas, particularmente en materia de debidoproceso,loqueimplicaquetambiéndebeprotegersea losjuecesensuvulnerabilidadfrenteacargosfrívolos,infundadosyvindictivos.Lassancionesalcomportamientocorruptodebenserrazonablesyconsistentes,detalmaneraqueconductassimilaresseancastigadasenformaequivalente.
La lucha contra la corrupción es una cuestión prioritaria e inaplazable. A todas sus escalas, la corrupción de los jueces es inaceptable y debe ser combatida con decisión y energía. No hay lugar en el poder judicial para servidores públicos que antepongan su beneficio personal al de la colectividad, ni tampocoparajuzgadoresnotoriamente ineptosodescuidados.
Emprender una política agresiva de combate a la corrupción no es en detrimento de los jueces, sino en su propio beneficio,porquelegitimalafunciónque desempeñan y dignifica su cargo a los ojosdelasociedad.Debemosdevolveralafiguradeljuzgador larespetabilidadyeldecoronecesariosparaqueejerzansuautoridadconelsustentodelaconfianzadepositadaenellos.
Como lo he sostenido antes, la independencia no supone insularidad, ni mucho menos impunidad. Es el momento de transitar hacia un modelo de rendición de cuentas objetivo y transparente, en el que no haya lugar para la tolerancia o el encubrimiento. No se trata de establecer una cacería de brujas contra jueces y magistrados, sino de dejar en claro que los cargos que ostentamos no son un privilegio, sino ante todo una responsabilidad.
No se trata de establecer una cacería de brujas contra los jueces y magistrados