Zebadúa firmó casi todos los acuerdos de la
Amparos. Jueces federales conceden a Rosario Robles y a su ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu recursos legales que impiden a las autoridades aprehenderlos
El nombre de Emiliano Zebadúa González colmó la audiencia de Rosario Robles, quien como secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), siempre lo tuvo como oficial mayor y mano derecha.
De acuerdo con testimoniales presentados en la diligencia, Robles remitía a Zebadúa a los funcionarios bajo su cargo que detectaban y advertían las irregularidades en los convenios con universidades públicas.
Ante el MP de la Federación, José Antolino Orozco declaró que en octubre de 2018 tuvo una reunión en el despacho de Robles en la Sedatu. Orozco fue jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de esa secretaría, y antes titular de la Dirección de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de Sedesol. Siempre con Robles como secretaria.
Orozco le comunicó a Robles que desconocía documentos en los que aparecía su firma y que formaban parte de convenios para diversas prestaciones de servicios. Antes de este encuentro con Robles, María del Carmen Gutiérrez, quien fuera titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, le había hecho saber al propio Orozco la existencia de diversos documentos firmados por él, pero que “distaban” de la rúbrica que utilizaba.
“(Robles) le comentó que viera ese tema con el oficial mayor (Zabadúa)”, relató un agente del MP durante la audiencia del pasado jueves en el Reclusorio Sur, en la acusaron a Robles y a su equipo de “simulación de contratos”, “suplantación de funcionarios” y “falsificación de firmas”.
Orozco, según el relato, fue citado por el entonces oficial mayor fuera de las instalaciones gubernamentales en un domicilio particular, ubicado en la calle de Tennyson 125, colonia Polanco. Al concretarse la reunión, rechazó haber participado y pagado alguno de estos convenios con universidades públicas, así como haber firmado esos documentos.
Según el testigo, Zebadúa le respondió que “no se preocupara y que todo estaba arreglado”; sin embargo, Orozco decidió interponer una denuncia penal, pero Zebadúa no solo operó para intentar ocultar las anomalías en los convenios de la Sedesol y Sedatu con las universidades públicas, también fue quien firmó la mayoría de éstos.
De los 27 convenios revelados hasta el momento, el nombre y firma de Zebadúa aparece en casi todos con las universidades autónomas de los estados de México y Morelos, o las politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, entre otras.
En este rubro, el MP solo reveló un convenio que fue firmado por la propia Robles y se concretó con la Universidad Autónoma de Chiapas y con su entonces rector Jaime Valls.
Zebadúa es considerado pieza clave por las autoridades ministeriales en este caso, incluso ya sigue un proceso que la defensa de Robles quiso aprovechar para intentar posponer su audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur.
Ex oficial mayor se blinda
La Fiscalía General de la República (FGR) está impedida por el momento para solicitar orden de aprehensión contra Zebadúa o judicializar la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CD MX/0001345/2018 relacionada con la Estafa maestra.
El juez tercero de distrito concedió la suspensión provisional al ex oficial mayor “para el efecto de no judicializar la carpeta de investigación y se mantengan las cosas en el estado que guardan”.
Asimismo, un juez federal concedió una suspensión provisional a Rosario Robles contra cualquier orden de aprehensión que no amerite prisión preventiva oficiosa.
Lo hizo horas antes de llegar al Reclusorio Sur, donde la FGR le imputó en audiencia el delito de uso indebido del servicio público.
El juez sexto de distrito de amparo en materia penal sostuvo que en caso de que el ilícito sea considerado grave, una vez que se haya cumplido la orden de aprehensión, Robles deberá quedar a disposición de juzgado, en el lugar que deba ser recluida, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal.
Impuso a Robles tres medidas cautelares para que la suspensión se mantenga vigente: pagar una garantía de 100 mil pesos, comparecer ante el juzgado los lunes de cada semana y firmar el libro de quejosos.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la FGR no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda información concreta sobre otros ex servidores relacionados con la Estafa maestra y solo se investiga formalmente a Rosario Robles.
AMLO aclara que FGR no ha solicitado información de otros ex servidores