El Estado quiere ser empresario
En lugar de que los responsables de la 4T dejaran los sectores de la economía en manos de quienes tienen los recursos, resulta que se inmiscuyen en eso con el dinero de los contribuyentes y que dejan de atender, por falta de fondos, los urgentísimos probl
Siete personas fueron linchadas en dos comunidades del estado de Puebla, hace unos días. Estas estremecedoras atrocidades no acontecen en tierras remotas, horrorizados lectores, sino en el mismísimo país que habitamos ustedes y yo. Son parte, encima, de una perversa normalidad. Y lo más perturbador es que, muchas veces, los individuos victimados por la turba violenta no son siquiera culpables sino meros sospechosos que no tuvieron la menor oportunidad de demostrar su inocencia. Es simplemente escalofriante imaginar la pesadilla que estas personas vivieron en los últimos instantes de su existencia.
Naturalmente, ante la infame dejadez de un Estado corrompido, los pobladores de muchas localidades responden al impulso primario de hacerse justicia por su cuenta. No sólo están hartos sino indignados. Comparten, con millones de otros ciudadanos de la nación mexicana, el mismo sentimiento de impotencia por sentirse desamparados ante el embate de los delincuentes y por saberse indefensos debido a la inoperancia del aparato de la justicia. Pero, a ese sentimiento de agravio hay que añadir una condición de marginación acrecentada, además, por el olvido las autoridades. Y, pues sí, en cualquier momento se puede encender la mezcla explosiva.
Ahora bien, en lo que respecta a las posibles respuestas a tan grave problema, el Gobierno de la 4T —al igual que los anteriores que llevaron la cosa pública en estos pagos— parece tener sus prioridades un tanto enrevesadas. Ignora que la primerísima misión del Estado es la salvaguarda de sus ciudadanos y que ésa, y no otra, fue su razón de ser en los orígenes del proceso civilizatorio. Porque, miren, sin seguridad no hay nada más: ni inversiones ni progreso ni bienestar ni crecimiento económico. Lo que hay es incertidumbre, pobreza y desesperanza. Esta simple constatación de las cosas debiere llevarlos, a nuestros gobernantes, a abordar el problema con absoluta premura y de manera totalmente decidida, utilizando para ello todos los recursos a su alcance. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues, que quieren resolverlo todo al mismo tiempo, pretenden acometer todas las tareas posibles e imaginables sin reconocerla suprema rentabilidad que tiene la seguridad pública, o sea, sin advertir que de un entorno de certezas jurídicas se derivan muchos procesos positivos y se generan incontables círculos virtuosos: cuando hay certidumbre la gente prospera; con la certidumbre
No comparten la esencial lógica económica del mercado. Vaya que no…
se promueve el progreso social; la certidumbre asegura el crecimiento de la economía comunitaria.
Pero, bueno, el gran tema de la actual Administración no es la rehabilitación radical del sistema de justicia en México sino el petróleo –el rescate financiero de Pemex, es decir, y la construcción de una refinería en Tabasco—, la edificación de un aeropuerto de muy dudosa viabilidad aeronáutica y el tendido de unas vías ferroviariasenelsurdelaRepública,aparte delareparticióndirectadelosdinerosdel erario a algunos grupos sociales.
Hagámonos, justamente, una primera pregunta respecto a estas decisiones de políticas públicas en el referido entorno de creciente e imparable inseguridad: ¿en algún momento podríamos esperar que otro país –o que un grupo de inversores o que un consorcio de corporaciones— le ofreciera al Gobierno de México miles de millones de dólares para combatir a los criminales? No lo veo nada probable, con perdón. No es dinero a fondo perdido –al contrario, sería la plata mejor gastada— pero esa gente no se dedica a eso, a financiar esquemas de gobernanza, sino a recuperar sus inversiones en una economía global de libre mercado. Es decir, los recursos para multiplicar y profesionalizar los cuerpos policiacos, para sanear a los Ministerios Públicos y para instaurar un sistema de justicia verdaderamente funcional y confiable deben provenir obligadamente del erario. No hay otro camino. El Gobierno es el que tiene que ocuparse del asunto. Sabiendo esto, procedamos a plantear una segunda pregunta: ¿hubiere inversores interesados en participar en la construcción de una refinería, o varias, en explorar las aguas profundas del golfo de México para luego extraer petróleo, en completar gasoductos y comenzar a vender gas natural barato, en crear campos eólicos para generar energía eléctrica limpia, en proseguir con la construcción del aeropuerto de Texcoco y en realizar proyectos rentables de infraestructura? Desde luego que sí, señoras y señores. De hecho, ahí están (o estuvieron, en su momento), perfectamente dispuestos a arriesgar sus capitales y a compartir sus ganancias con el Gobierno de este país. Pero, caramba, les han cerrado las puertas. En lugar de que los responsables de la 4T dejaran los sectores de la economía en manos de quienes tienen los recursos, resulta que se inmiscuyen en eso con el dinero de los contribuyentes y que dejan de atender, por falta de fondos (y de voluntad política, desde luego), los urgentísimos problemas de inseguridad y de disfuncionalidad jurídica en nuestra República.
No comparten la esencial lógica económica del mercado. Vaya que no… Seguirán los linchamientos.