“Hay que eliminar la corrupción que permite el paso de armas por las aduanas”
El tema de los crímenes de odio en El Paso, TX, ha provocado discusiones, tanto en EU como en México, sobre el control de armas y su incidencia en los niveles de violencia. Lo primero que podemos señalar es que no es un tema nuevo, como tampoco lo es la petición de los gobiernos mexicanos para que nuestros vecinos impongan más controles a la venta de armas a particulares.
¿Por qué esta solicitud? Por la sencilla razón de que siete de cada diez armas con las que se intimida, asalta o se mata a un mexicano en estos tiempos de cólera social provienen de EU (por cierto, la famosa carabina 30-30 con la que Villa y otros revolucionarios hicieron
historia en 1910 provenía en un 95% de nuestros vecinos, solo que aquellas Winchester sirvieron para nobles causas revolucionarias, mientras que los R15 de hoy, para mundanas causas mercantiles como controlar y explotar económicamente lo ilícito, desde drogas hasta el cobro de piso).
Recuerdo una interparlamentaria México-EU de hace una década, donde la delegación nacional tocó el tema de un mayor control en la venta de armas a civiles (tópico tabú, protegido por la Segunda Enmienda constitucional), justo cuando la guerra contra las drogas del presidente Calderón empezaba a zozobrar. La respuesta de un senador republicano, prominente simpatizante de la Asociación del Rifle, fue memorable: “Mejor controlen sus aduanas”.
Hoy, sin embargo, después de tres crímenes colectivos en un fin de semana, de la proliferación de organizaciones supremacistas blancas y de las expresiones de “terrorismo doméstico”, la opinión pública de nuestro vecino del norte parece más abierta y susceptible a discutir el tema de un mayor control de armas.
Pero sería un error suponer que con esta medida aislada se solucionarán nuestros complejos problemas de inseguridad y violencia. Acá tenemos otras muchas tareas por emprender. Necesitamos un armisticio a la mexicana, con cuatro dimensiones, por lo menos.
La primera, erradicar la corrupción que permite el trasiego de armas por las aduanas, puertos y aeropuertos del país. Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, reconoció que cerca de dos millones de armas ilegales (200,000 por año) ingresaron al país en la última década.
La segunda es la reforma de los cuerpos de seguridad y del sistema de procuración de justicia. Fortalecer las capacidades legales e institucionales del Estado mexicano para brindar seguridad a las y los mexicanos y sus bienes, y acabar con la impunidad que carcome a la procuración de justicia. La Guardia Nacional va por el primer camino, mientras que la reforma judicial es la otra pata de la mesa que se deberá atender.
La tercera dimensión es ir a la raíz del problema. Quitar la base social y territorial a la delincuencia, brindando oportunidades de educación, empleo y de vida buena a las y los jóvenes y a más de 4 millones de personas que dependen de la economía del delito.
La cuarta medida es civilizatoria, es decir, cimentar y difundir una cultura de la legalidad democrática, así como una educación para la justicia y la paz. Esta dimensión involucra desde lo que se enseña en las escuelas hasta lo que se difunde en los medios de comunicación.
Éste es el armisticio que necesitamos, no solo para recoger armas de fuego, sino para mojar la pólvora del odio, la ira y la cólera que las detona.
De EU, siete de cada 10 armas con las que se asalta o mata a un mexicano en estos tiempos