Hidalgo avanza en la libertad de expresión
“Aún persisten figuras legales arcaicas contra la libertad de expresión”
En México, las personas periodistas, defensoras de derechos humanos y denunciantes de actos de corrupción (u otros abusos) sufren no solo de amenazas y agresiones de varia índole, sino también de la criminalización, entendida como el abuso del sistema judicial para obstaculizar su importante rol social. Por estos fines, se han instrumentalizado figuras legales arcaicas, dignas de regímenes autoritarios, que ya desaparecieron a escala federal y en la mayoría de los estados al interior de la República, pero que aún persisten en la legislación de algunos de ellos, los llamados delitos contra el honor, como la calumnia, difamación e injuria, entre otros.
Digo “se instrumentalizan” porque la criminalización siempre va desde arriba hacia abajo. En el México contemporáneo, no hay ejemplos de un ciudadano común (y mucho menos una persona mexicana viviendo en la pobreza) logrando iniciar la persecución penal de un servidor público que ha cometido alguno de estos delitos. Lo que sí tenemos, en todos los estados donde la ley aún lo permite, es la instrumentalización de estas figuras por personas poderosas —empresarios, políticos, funcionarios públicos— en contra de sus críticos, contra las personas incómodas.
Las instancias internacionales en materia de derechos humanos tienen desde hace mucho tiempo claro este asunto. Según las relatorías especiales para la libertad de expresión, tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas, estas figuras no tienen lugar en un estado de derecho. Quien quiere verdaderamente defender su honor, puede hacerlo a través de procedimientos civiles.
El caso de Leonardo García, denunciante de irregularidades por parte de una empresa privada en Hidalgo, se puede considetenido
rar como emblemático. Después de que Leonardo hizo pública su denuncia en 2016, no solamente no fueron procesados los funcionarios señalados, sino el denunciante, por el delito de “calumnia”. Aunque una “calumnia” se entiende como información falsa, nadie se ocupó de examinar si los hechos correspondieron a lo que Leonardo denunció; el proceso se desvió a perseguirlo por haber tocado los intereses de los “poderosos” y finalmente fue deen Estado de México en enero de 2018.
La Oficina que represento en México tuvo conocimiento del caso e hizo un esfuerzo no solo para obtener la libertad de Leonardo, sino también para lograr la armonización de la normativa estatal con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, incluyendo de esta manera la derogación de los delitos contra el honor.
La respuesta del Congreso del estado fue positiva: El día 30 de julio, resolvió derogar los delitos contra el honor del Código Penal. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, firmó este cambio y el día 2 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado.
Desde la Oficina, no solo reconocemos la postura de las autoridades hidalguenses, sino también exhortamos a las otras entidades federativas que todavía mantienen estos tipos penales de seguir el ejemplo de Hidalgo y derogar los denominados “delitos contra el honor”. De igual manera, se hace oportuno reconocer la lucha del propio Leonardo García, desde su decisión de informar al público y proteger a su comunidad de las irregularidades que conoció, hasta su esfuerzo por impulsar un cambio legislativo, del cual sin duda alguna se beneficiarán muchas otras personas. De hecho, en las discusiones en el Congreso local, pudimos conocer que en el estado de Hidalgo habría alrededor de 400 carpetas de investigación en curso por este tipo de delitos. Además de la derogación de estos tipos penales, hay que adecuar la vía civil, porque también los procedimientos civiles tienen que estipular límites y contener criterios concretos, definidos en el marco de los estándares internacionales. Esto se necesita para evitar el acoso judicial, como lo hemos visto en los casos de las demandas exorbitantes contra Sergio Aguayo en Coahuila o los relacionados con Carmen Aristegui en Ciudad de México. Ahora bien, la legislación debería establecer la protección especial de los denunciantes. Junto a esto, sería útil introducir legislación en contra de la litigación estratégica que tiene por objetivo callar la discusión pública. Si queremos un México acorde a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, aún queda mucho trabajo por delante, y no solo en Hidalgo.
En el estado, 400 carpetas de investigación en curso por este tipo de faltas
*REPRESENTANTE DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO