Van policías liberados por caso de los 43 tras millones
Embrollo legal. Trece elementos buscan que Iguala los indemnice con un mdp a cada uno y el municipio advierte de quiebra; el gobernador Héctor Astudillo llama a jueces a parar en seco la salida de implicados
El alcalde Jaimes Herrera señala que la excarcelación de implicados tiene en jaque financiero al municipio.
Ex policías implicados en el caso Iguala que ya fueron liberados exigen al municipio 13 millones de pesos por salarios caídos, reveló el alcalde Antonio Jaimes Herrera, quien advirtió que la cifra se disparará dejando en ruinas las arcas del ayuntamiento si más efectivos son exonerados.
La salida de Gildardo López Astudillo, El Gil, del penal de Altiplano encendió los focos rojos en el municipio guerrerense que ya vive una situación crítica porque, hasta el momento, 13 ex policías preventivos liberados demandan un millón de pesos cada uno por concepto de salarios caídos durante casi cinco años.
Desde Chilpancingo, el alcalde informó que a estos pagos millonarios se suma un adeudo “histórico” en laudos, que representan más de 100 millones de pesos.
La crisis financiera se agravará en caso de que más implicados recuperen su libertad, como adelantó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Un día antes, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario advirtió que la exoneración de El Gil sienta un precedente grave que puede dejar libres a 50 involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Del medio centenar de personas que estarían a punto de abandonar la prisión, según Encinas, el alcalde de Iguala señaló que hay un temor fundado de que haya más ex policías en la lista que regresarán a reclamar sus salarios “y la verdad eso nos representa un grave problema”, sostuvo.
Jaimes Herrera dijo que el ayuntamiento no despidió a los uniformados, sino que fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la que tomó el caso en sus manos y, en consecuencia, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) debe hacerse cargo de estas afectaciones. “Nosotros nunca los despedimos. Por ley no pueden ser recontratados porque están vetados a pesar de que los exculpen, pero en el caso de la demanda federal estamos canalizándola hacia la FGR, porque fue dicha instancia la que les quitó el trabajo”, aseveró.
Al repudio por la exoneración de quien fue señalado por la PGR como el líder de sicarios de Guerreros Unidos se sumó este jueves el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien exhortó a las autoridades a parar la liberación de más implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“No se puede continuar liberando a todas esas personas que participaron. Al rato todos van a estar en la calle (...) Yo creo que este es un asunto muy delicado que tiene que pararse contundentemente”, puntualizó.
Al clausurar el Foro Nacional sobre Desplazamiento Forzado que se realizó en Acapulco, el mandatario estatal señaló que la liberación de los implicados “lastima mucho a México, a los guerrerenses y a los que aspiramos a que se encuentre la verdad”.
Una burla
Con la liberación del principal operador de Guerreros Unidos en Iguala también vuelve a las familias la incertidumbre y el temor de que se articule de nuevo y opere con mucha más fuerza.
Sandra Luz Román, madre de una joven secuestrada en 2012 por policías de Iguala, dijo que liberar a implicados en estos hechos “es como darles permiso para que vuelvan a delinquir, para que vengan por nosotros”.
Desde su casa en Iguala, narró que agentes municipales rafaguearon y se llevaron a su hija Ivette Melissa Flores, el 24 de octubre de 2012. “Ese año se llevaron a puras mujeres, luego fueron hombres; a todos se los entregaban a los criminales y los desaparecían”