Los legisladores en su laberinto
El martes 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó reformas a diversos artículos del Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional. Si bien las reformas deben ser aún aprobadas por la Cámara de Diputados, lo inusitado de las medidas propuestas obligan a una reflexión.
La reforma pretende incorporar los delitos de defraudación fiscal y uso de facturas apócrifas al régimen de delincuencia organizada. Además, se les considera como “amenazas a la seguridad nacional”. Con todo ello, los imputados tendrán prisión preventiva oficiosa. Así se elude reformar de nuevo el artículo 19 constitucional.
Sin duda existe desde hace tiempo un problema grave de defraudación fiscal. El uso de facturas falsas es un negocio que ha beneficiado indebidamente a muchos y urge revertirlo. El problema es la retórica que acompaña las reformas, pues de nueva cuenta se recurre a medidas punitivas extremas, como si estas fueran una medicina efectiva contra el mal.
El dictamen pretende justificar la reforma con referencias a estudios que discuten generalidades sobre los problemas de la evasión fiscal. No hay análisis alguno sobre las razones por las que el régimen actual no opera debidamente. Así, a pesar de años de una política de endurecimiento de los procesos de fiscalización de los contribuyentes, y de la benevolencia de los tribunales federales con la autoridad fiscal, los resultados no se han visto. El problema permanece. ¿Otra reforma lo va a resolver?
El régimen de excepción para enfrentar la delincuencia organizada no es un comodín que puede emplearse en cualquier circunstancia. Su uso debe estar justificado cuidadosamente. En el caso que nos ocupa, el despropósito es aún mayor. ¡La evasión fiscal se equipará a un problema de seguridad nacional, como si los defraudadores pretendieran desestabilizar el país!
Ojalá los legisladores reflexionen sobre las consecuencias de los cambios que aprobaron. El costo beneficio de las medidas es negativo. Se genera inseguridad jurídica y altos costos para los contribuyentes. En cambio, es muy probable que poco se gane en la eficacia del Estado para combatir la evasión fiscal.
En suma, la reforma no es técnicamente necesaria, no diagnóstica las causas del problema, no plantea objetivos ni justifica la excepcionalidad de las medidas. A cambio, entrega a un aparto con múltiples problemas de corrupción y falta de capacidad, nuevas herramientas que no corresponden a un Estado democrático. Son medidas que pretenden hacer cambiar las cosas mediante un endurecimiento del régimen punitivo. Sabemos que estas, por sí mismas, no resuelven el problema. Entre tanto, seguimos erosionando el Estado Constitucional.
El uso de facturas falsas ha beneficiado indebidamente a muchos y urge revertirlo