“Voluminoso expediente” contra García Luna en NY
Nueva evidencia. La fiscalía de EU y la defensa del mexicano también solicitaron al juez Brian Cogan 60 días de plazo entre la audiencia del martes y la siguiente
Los fiscales del proceso contra Genaro García Luna en Estados Unidos aseguraron que cuentan con evidencias que construirán “voluminosos descubrimientos” para sustentar sus acusaciones sobre más de 20 años de las actividades del ex responsable de seguridad en México y por ello pidieron al juez designar el caso como “complejo”.
La fiscalía de EU y la defensa del mexicano también solicitaron al juez de Brian Cogan, que presidirá este caso por narcotráfico en Nueva York, 60 días de plazo entre la audiencia del martes y la siguiente.
En un oficio al juez Brian M. Cogan, detallaron que las pruebas acusatorias de conspiración para el tráfico de cocaína y sobornos del cártel de Sinaloa provienen de materiales clasificados y dispositivos electrónicos incautados.
El fiscal Richard Donoghue y sus asistentes Michael Robotti, Ryan Harris y Erin Reid pidieron designar el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón como un “caso complejo”.
En el documento —al que tuvo acceso MILENIO— se explica que “las partes solicitan respetuosamente que el tribunal designe este caso como complejo, el gobierno espera producir un descubrimiento voluminoso en este caso relacionado con la conducta acusada contra el imputado, que abarca casi dos décadas”.
De acuerdo con los fiscales, las evidencias contra García Luna incluyen registros financieros, de propiedades, de naturalización, además de diversas evidencias incautadas, entre los que están algunas que fueron recuperadas de dispositivos electrónicos.
Las pruebas también incluyen material obtenido “mediante solicitud a países extranjeros de conformidad con tratados de asistencia legal mutua”.
En diciembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, reveló a MILENIO que en México se investiga a García Luna, luego de una petición de agencias estadunidenses.
“El gobierno también espera que este caso incluya litigios de conformidad con la ley de procedimientos de información clasificada. En virtud de lo anterior, las partes solicitan que el tribunal designe este caso como complejo”,abundaeltextoenviadoaljuez Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán.
Niegan desbloquear cuentas
Un juez negó la suspensión provisional solicitada por Esperanza García Luna, hermana de Genaro García Luna, contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
También les fueron rechazadas las solicitudes de protección de la justicia federal al empresario Jonathan Alexis Weinberg, identificado como gente cercana al ex funcionario que actualmente está preso en EU por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, así como a una compañía.
Francisco Gorka Migoni, titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa, fue el responsable de emitir ambas resoluciones.
Esperanza interpuso el juicio de amparo el 2 de enero al considerar que no había motivo para el bloqueo de sus estados financieros; sin embargo, el juzgador lo admitió a trámite el 15 de enero tras darle un plazo de cinco días para que precisara las autoridades a las que atribuye el acto reclamado.
Será el 22 enero cuando determine si concede la suspensión definitiva.
Migoni negó la suspensión provisional a Weinberg Pinto, dueño de la empresa con razón social ICIT Private Security México, también por el aseguramiento de cuentas.
A su vez, Jorge Luis Castilla, otra persona vinculada con el ex titular de la SSP, presentó un amparo contra la UIF por bloqueo de sus cuentas, por lo que el juez Jonathan Bass, del juzgado primero de distrito en materia administrativa, si le concedió la suspensión provisional.
Las cuentas bancarias de la hermana de García Luna, junto con la de su esposa, forman parte de las 11 aseguradas al ex titular de la SSP federal.
De acuerdo con la UIF, la familia del ex funcionario está vinculada a una presunta triangulación de recursos públicos desde dependencias federales.