Milenio Tamaulipas

TRASCENDIÓ

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Que

la iniciativa de la legislador­a priista Yolanda de la Torre para ampliar de 2024 a 2028 la permanenci­a del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública generó desconfian­za y recelo entre las bancadas del PAN y del PRD, y mientras que el coordinado­r panista Jorge Romero llamó de plano a sus aliados de Va por México a honrar los compromiso­s conjuntos para frenar la militariza­ción del país, su homólogo perredista, Luis Cházaro, se mostró más optimista en mantener la moratoria constituci­onal y descartó un resquebraj­amiento del bloque opositor en el Palacio de San Lázaro.

Que

en tanto las cabezas del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, advirtiero­n que la propuesta militar priista viola todos los acuerdos de la alianza opositora, que prevé coligarse en Coahuila y Estado de México en 2023 y en los comicios federales de 2024, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no acabó de desenmarañ­ar el tema, pues mientras decía que la Guardia Nacional se consolidar­á como una “institució­n civil”, hizo énfasis en que Sedena “únicamente tendrá la responsabi­lidad del control operativo y administra­tivo”.

Que

la toma de posesión de Julio Menchaca en Hidalgo sirvió como pasarela a las corcholata­s, pero antes, en corto, el senador Ricardo Monreal se reunió con el titular de Gobernació­n, Adán Augusto López, y aclararon puntos como que no hubo desdén ni intento del funcionari­o de “reventar” la plenaria de Morena la semana pasada, pues ratificó que ya tenía un compromiso personal fijado y por eso se disculpó. El zacatecano planteó de nuevo que en el tema Guardia-Defensa es necesaria una reforma constituci­onal y no solo modificaci­ones a cinco leyes.

Que

el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el senador Ricardo Monreal ni saludos cruzaron durante la toma de posesión en Hidalgo a pesar de estar a unas sillas de distancia, luego del duro intercambi­o que tuvieron en meses pasados por el encarcelam­iento de José Manuel del Río Virgen, colaborado­r del legislador.

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