Fiscal: hay línea sobre homicidas de Gisela; su identidad, en horas
Zamarripa revela que ya cuentan con una directriz “medianamente clara”, mientras Morena pide a INE gestionar seguridad federal para 40 candidatos
La fiscalía de Guanajuato cuenta con una línea de investigación “medianamente clara” y está “a horas” de identificar a los homicidas de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, ultimada a tiros el pasado lunes en la comunidad de San Miguel Octopan.
En entrevista para Telediario, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre dio a conocer que se han recabado indicios suficientes y realizado al menos 30 entrevistas a testigos para dar con los autores del crimen.
“Las más de 30 entrevistas que hemos realizado, además de los indicios procesados, nos han dado ya una información preliminar que nos permite delinear una línea de investigación medianamente clara y que esperemos que en breve tiempo podamos lograr la identificación de las personas que perpetraron este ataque”, aseguró Zamarripa.
El fiscal previó que habrá “resultados exitosos, como los que todos queremos, en horas”.
Dijo que el caso está siendo atendido de manera diligente por personal especializado y se han asignado células de trabajo para avanzar en la indagatoria.
“Estamos trabajando intensamente con las células que hemos comisionado para tal efecto; desde luego ya tenemos una línea muy definida por los indicios recabados a través de los trabajos de campo y de una serie de entrevistas”, señaló.
MILENIO publicó el lunes que una de las líneas de investigación de la fiscalía relaciona el homicidio de Gaytán con el cártel de Santa Rosa de Lima.
“Tenemos indicios que hacen presumir precisamente la intervención de integrantes de este grupo criminal, pero sí es correcto”, reconoció el funcionario.
Puntualizó que las evidencias recabadas, entre ellas casquillos, imágenes de cámaras de seguridad y la motocicleta utilizada por los responsables para huir, permitieron establecer la conexión con la organización criminal.
Gaytán contaba con escolta armada asignada por el partido; se trata de una mujer que resultó heridas al repeler la agresión contra de la candidata.
Este miércoles, familiares, amigos y simpatizantes dieron el último adiós a la aspirante asesinada, al grito de “¡presidenta, presidenta!”.
Al menos 10 elementos de la Guardia Nacional custodiaron la funeraria, y sus alrededores, donde velaron a la víctima, mientras que un helicóptero sobrevolaba la zona y policías municipales también vigilaban.
El féretro salió del recinto casi a la 1 de la tarde rumbo a la Catedral, donde se ofició una misa, en medio de llantos y el golpeteo de las campanas.
Nexo con cártel de Santa Rosa
Con el ataque a la candidata morenista suman al menos ocho agresiones a políticos, entre los que están ex candidatos o ex alcaldes, en la zona que controla el cártel de Santa Rosa de Lima.
Se trata de hechos ocurridos principalmente en municipios como Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Juventino Rosas y Villagrán; la lista también incluye a Coroneo y Moroleón.
Hasta el momento cuatro homicidios han sido vinculados directamente con el grupo delictivo que lideró José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, recluido en un penal de máxima seguridad por el delito de secuestro.
En esta lista están los asesinatos de Hugo Estefanía Monroy, ex alcalde perredista de Cortazar, el 30 de noviembre de 2019, y de Juan Antonio Acosta Cano, precandidato panista a alcaldía de Juventino Rosas, el 12 de enero de 2021.
Ya iniciada la contienda electoral de 2021, mientras realizaba un mitin la aspirante a la alcaldía de Moroleón, Alma Barragán, fue asesinada a tiros.
Según el analista en seguridad David Saucedo, el asesinato se ha convertido en una herramienta de control por parte de dicho
Van ocho agresiones a políticos en la zona que se disputan los criminales
grupo delictivo para presionar y mantener su hegemonía en los territorios que opera.
“El cártel de Santa Rosa de Lima se ha caracterizado por enfrentar y erosionar a los gobiernos municipales en las zonas donde quiere el dominio, pues controla el robo de hidrocarburo en los ductos de Pemex y la venta de drogas”, apuntó.
Recordó que en Celaya no solo fue asesinada la candidata de Morena, también el hijo del ex alcalde Javier Mendoza y ha sido el centro de ataques a policías.
Otro caso ocurrido en esta zona de influencia fue el de José Remedios Aguirre, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Apaseo el Alto, en mayo de 2018; mientras que en 2019, Israel Morales Bermúdez, ex alcalde de Coroneo, desapareció y se desconoce su paradero.
Medida “extraordinaria”
Por separado, Morena formalizó ante el INE una solicitud de seguridad “extraordinaria” para que la Federaciónbrindeproteccióna40 candidatos en los municipios guanajuatenses con mayor inseguridad, pues acusó al gobierno estatal y a la autoridad electoral local de “omisiones” que derivaron en el asesinato de Gaytán.
En un escrito presentado el martes por la noche ante el árbitro electoral, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, pidió a su titular, Guadalupe Taddei, protección federal para las candidaturas guanajuatenses, elevando el número a 40 de un total de 46 municipios.
El listado incluye las zonas de mayor peligrosidad en la entidad que son controlados por el cártel de Santa Rosa de Lima.
Morena destaca las candidaturas del llamado “triángulo rojo” guanajuatense: Villagrán, Cortazar y Juventino Rosas; Celaya, que forma parte de este bloque, no fue considerado, pues todavía no cuentan con el sustituto de la aspirante asesinada.
Otros municipios con alerta de violencia por la disputa del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación son Salamanca, Villagrán, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Juventino Rosas, este último conocido como la última guarida de El Marro.
A pesar de que el protocolo establecido por el propio gobierno federal indica que las candidaturas a diputaciones locales y alcaldías corresponden a la autoridad estatal, Morena pidió una “cuestión extraordinaria”.
“Se solicita atentamente que
_ por una cuestión extraordinaria sea el INE quien realice las acciones necesarias a efecto de que se gestione con las autoridades federales los servicios de seguridad y de acompañamiento”.