GENERADORES DE VIOLENCIA

Los grandes ausentes de las políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres.

En México, los generadores de violencia han sido los grandes ausentes de las políticas públicas para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esto se puede “justificar” en primer lugar, porque la política en general y las políticas públicas en particular, han sido un espacio “dominado por los hombres”. Históricamente, esos y casi todos los espacios, han sido el bastión donde expresan su poderío, por eso, se puede entender que la mayoría de las políticas públicas en esta materia, estén “sobrecargadas” de responsabilidades para las mujeres: “Quítate la venda”, “reconoce que vives violencia”, “denuncia”, “haz”, “actúa”, etc. etc. ¿Y los generadores de violencia dónde están, qué “carga” les vamos a imponer para ponerle fin a su ejercicio cotidiano de la violencia machista contra las mujeres?

El diseño e implementación de estas políticas públicas tienen un problema de origen, pues en los hechos, están condicionando a las mujeres su derecho a vivir sin discriminación ni violencia, a que ellas hagan, actúen, se movilicen y refuercen la falsa creencia de que la violencia contra las mujeres es un problema solo de las mujeres. ¿Y los generadores de violencia dónde están?

Si bien, la CEDAW1 y la Convención Belém do Pará2, nos obligan a modificar los patrones socioculturales de conducta con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en estereotipos de género, no alcanzaremos este objetivo si los generadores de violencia no ocupan un lugar preponderante en las acciones que desarrolla el Estado en sus cuatro dimensiones: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En segundo lugar, no se han destinado recursos para incidir en la construcción de las llamadas “nuevas masculinidades”, es decir, aquellas basadas en el respeto a los derechos humanos de las mujeres, a pesar de que las “masculinidades hegemónicas o tradicionales”, que conllevan a una posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, han demostrado ser letales, no sólo para las mujeres, sino también para los propios hombres.

Y no se han destinado recursos, porque esta dimensión de la prevención de la violencia no ha estado presente en la agenda pública. Los esfuerzos se han concentrado en la sanción, que, por cierto, hasta ahora no han

Urge incorporar a los generadores de violencia a las políticas públicas que desarrolla el Estado mexicano para poner fin a la violencia contra las mujeres

dado los resultados esperados, pues seguimos arrastrando el lastre de la corrupción e impunidad que impide el castigo de los generadores de la violencia contra las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el agresor debe participar obligatoriamente en programas de reeducación integral cuando lo determine la autoridad competente. En esta materia tenemos un enorme desafío.

Por ejemplo, en el país no hay uniformidad conceptual competente respecto del responsable de la violencia: en algunos es “agresor”, “sujeto activo”, “victimario”, en otros “agente delictivo” y entre las medidas que se les impone están, la reeducación, la rehabilitación, la capacitación, la reinserción/readaptación social, el tratamiento integral, la restauración de la salud física y mental y “conminar” al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer.

En otros estados de la República se establece la ayuda profesional adecuada a efecto de que “superen y controlen” emocionalmente la conducta agresiva, la educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas y misoginia que generaron su violencia, no obstante, en muy pocos estados se obliga al generador de violencia a someterse a tratamiento, no es posible que los agresores puedan “optar” acudir voluntariamente a un centro de rehabilitación, o que los centros de reeducación únicamente admitan a los agresores que asistan de manera “voluntaria” o por disposición judicial, como lo establecen algunos estados del país. Urge incorporar a los generadores de violencia a las políticas públicas que desarrolla el Estado mexicano para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esto no es una necedad, sino una necesidad, si es que queremos transformar las “masculinidades hegemónicas o tradicionales” que están siendo letales para hombres y mujeres.

REFERENCIAS:

[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

[2] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.