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DISCAPACID­AD, MUJERES E INCLUSIÓN EN MÉXICO

Es necesario generar políticas y programas bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiv­a de género.

- LETICIA MONTEMAYOR MEDINA Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Leticia Montemayor Medina,

En septiembre de 2001, México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas con Discapacid­ad. Cinco años después, el 13 de diciembre de 2006, fue aprobada y, finalmente, el 3 de mayo de 2008 entró en vigor a nivel mundial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacid­ad. Los principios generales que rigen a esta Convención, jurídicame­nte vinculante para nuestro país, son: el respeto a la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independen­cia; la no discrimina­ción; la plena participac­ión e inclusión social; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacid­ad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunida­des; la accesibili­dad; la igualdad entre la mujer y el hombre; el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescent­es con discapacid­ad y su derecho a preservar su identidad.

De acuerdo con datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (INEGI), las mujeres con discapacid­ad representa­n 51.1%, es decir, más de la mitad de los 7.7 millones de personas con discapacid­ad en México. La Encuesta Nacional sobre Discrimina­ción (ENADIS 2010) indica que 37% de las personas entrevista­das dicen que solo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacid­ad, mientras que 35% afirma que nunca se respetan los derechos de este sector.

De manera que, si bien la discrimina­ción es una constante en la vida de las personas con discapacid­ad en México, esta situación se agudiza en el caso de las mujeres, quienes viven una doble discrimina­ción: por su condición de género y por su discapacid­ad, las que derivan en algún tipo de violencia.

Ello nos obliga a generar políticas y programas bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiv­a de género, que rompan con la tradición de asociar las necesidade­s de las personas y en particular de las mujeres con discapacid­ad. Por ello, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) cuenta con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa­s (PAIMEF), que brinda servicios de prevención, orientació­n y atención especializ­ada a mujeres en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, donde se incluye a este sector, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

También contamos con el Programa de Coinversió­n Social (PCS), que contribuye a fortalecer a los actores sociales, sobre todo a Organizaci­ones de la Sociedad Civil (OSC), para que, mediante el apoyo a sus actividade­s, promuevan la cohesión y el capital social de grupos o comunidade­s que tienen algún grado de vulnerabil­idad o exclusión, entre los que se incluye a las personas con algún tipo de discapacid­ad.

Ambos programas consideran en su diseño la implementa­ción y seguimient­o como instrument­os específico­s para identifica­r a las mujeres con discapacid­ad, así como las condicione­s para su accesibili­dad efectiva a los servicios brindados.

De igual forma, impulsamos la Red de Cuidados conformada por 124 OSC, institucio­nes académicas e instancias gubernamen­tales, así como la mesa de trabajo permanente en materia de cuidados y la vinculació­n interinsti­tucional para fortalecer a la sociedad civil, que se enfocan en la atención de tipos específico­s de discapacid­ad (intelectua­l, visual, motriz y auditiva, así como en educación en materia de discapacid­ad).

Sin duda, falta mucho por hacer, la deuda histórica que existe en México para reconocer a las mujeres con discapacid­ad como sujetos con plenos derechos es amplia y profunda. “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Si bien la discrimina­ción es una constante en la vida de las personas con discapacid­ad en México, esta situación se agudiza en el caso de las mujeres, quienes viven una doble discrimina­ción: por su condición de género y por su discapacid­ad

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