NO MÁS DISCRIMINACIÓN
México ha logrado avances, pero aún tiene retos en sus políticas públicas para las mujeres y niñas con discapacidad, en todos los ámbitos de gobierno y el sector privado.
Más de 100 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad, cifra que representa 15% de la población mundial. Los países con ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países con ingresos altos; la discapacidad es más común entre mujeres, personas mayores, niñas y niños, así como adultos en condición de pobreza (OMS, 2017).
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que reflejan las necesidades de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, de los que más del 80% vive en pobreza. México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad y sobre todas las formas de discriminación que existen contra las mujeres.
Al respecto, México cuenta con avances, obstáculos y retos en sus políticas públicas con las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de gobierno y en el sector privado; incluso ha creado diversos mecanismos de seguimiento y evaluación.
Sin embargo, recientemente se recibieron las recomendaciones del Comité para la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en donde se señala que se deberán tomar medidas de nivelación y acción afirmativa para erradicar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación en el diseño e implementación. Además de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas, con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.
También recomiendan establecer recursos adecuados, metas mensurables que requieren las autoridades en los tres niveles de gobierno, y aplicar los ordenamientos jurídicos pertinentes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra las mujeres y niñas con discapacidad.
Otras recomendaciones son cerrar las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia.
En materia de empleo, combatir el acceso limitado de mujeres con discapacidad al mercado laboral y formal. Asimismo, garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, en zonas urbanas y rurales, y prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres embarazadas con discapacidad para que aborten.
También, elaborar los informes sobre esterilización forzada de mujeres y niñas, y sobre el acceso limitado a servicios de salud reproductiva, en particular para mujeres y niñas con discapacidades mentales y de otra índole.
Otra recomendación es asignar recursos financieros adicionales a los asignados e incrementar el acceso a microcréditos, préstamos y otros créditos financieros para mujeres con discapacidad, con el fin de promover su espíritu empresarial y empoderarlas económicamente.
El objetivo final es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas sin discriminación alguna, a efecto de lograr un desarrollo sostenible.
El objetivo final es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas sin discriminación alguna