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CON MENOS OPORTUNIDA­DES

Las mujeres y niñas con discapacid­ad viven los efectos de la pobreza y enfrentan múltiples formas de discrimina­ción.

- MERCEDES JUAN LÓPEZ Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad. Mercedes Juan López,

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (INEGI), 6% de nuestra población vive con algún tipo de discapacid­ad; 7.1 millones de personas que diariament­e enfrentan retos adicionale­s para alcanzar una vida plena, tienen dificultad­es para acceder a espacios y servicios públicos, estudiar u obtener un empleo que les permita realizarse. Mientras que 53.5% son mujeres, de las que 27.2% tiene 60 años o más y 3.8% son niñas menores de 14 años; esto nos indica que la prevalenci­a de la discapacid­ad está aumentando con la longevidad.

Es necesario considerar que, para 2050, 26.5% de la población mexicana tendrá más de 60 años, lo que conduce a un incremento progresivo de la discapacid­ad originada por caídas, deterioro visual o auditivo o enfermedad­es crónicas no transmisib­les. La Organizaci­ón Mundial de la Salud refiere que, debido al aumento en la esperanza de vida en el mundo, cada uno de nosotros vivirá, cuando menos, siete años con algún tipo de discapacid­ad.

En nuestro país, el tipo de discapacid­ad más frecuente en las mujeres es la motriz, después la visual, y la causa principal es la enfermedad, seguida por la edad avanzada.

Las mujeres y las niñas con discapacid­ad viven desproporc­ionadament­e los efectos de la pobreza a nivel mundial al enfrentar múltiples formas de discrimina­ción y quedar excluidas de las mismas oportunida­des de desarrollo e inclusión en la sociedad; por lo mismo, durante la administra­ción del Presidente Enrique Peña Nieto se adoptaron diversas medidas con el objetivo de contar con leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y las niñas con discapacid­ad, así como buenas prácticas para reducir las desigualda­des que les afectan, como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece la perspectiv­a de género como estrategia transversa­l obligatori­a e incluye la considerac­ión de presupuest­o específico.

Con las leyes en materia de discapacid­ad, infancia y adolescenc­ia e igualdad entre mujeres y hombres, se adoptan medidas para asegurar los derechos humanos y las libertades fundamenta­les de mujeres y niñas con discapacid­ad, se regulan y garantizan la igualdad de oportunida­des y de trato, y se promueven su empoderami­ento y la lucha contra toda discrimina­ción basada en el sexo o condición.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad, creado en 2011, establece la política pública para las personas con discapacid­ad, promueve sus derechos, inclusión y participac­ión. Para ello, elaboró el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad 2014-2018, que considera acciones específica­s para la atención de mujeres y niñas con discapacid­ad.

Tres de sus objetivos son evaluados cada dos años por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Destaco de 2016, avances en la disminució­n del rezago en acceso a los servicios de salud, que en 2014 era de 16.4% y en 2016 de 12%; el rezago al acceso a la educación, que en 2014 era de 51.1% y en 2016 de 48.7%; el avance en el acceso al trabajo, con 32.5% en 2014 y, para 2016 de 39.04%.

Con los programas para la igualdad de oportunida­des y no discrimina­ción, y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se garantiza la igualdad de género y se erradican todas las formas de violencia contra las mujeres, consideran­do de manera especial su edad y su condición de discapacid­ad. Durante la presente administra­ción se ha dado apoyo a 710 mujeres con discapacid­ad, víctimas de violencia.

Contamos con el Modelo de atención y cuidado inclusivo para niños y niñas con discapacid­ad en las 9,300 Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajador­as, benefician­do a 6,000 menores con discapacid­ad, de los cuales poco más de la mitad son niñas.

Reconocemo­s que tenemos retos y desafíos como, por ejemplo, proveer a las mujeres y niñas con discapacid­ad intelectua­l y psicosocia­l; reforzar la atención de las mujeres y niñas indígenas con discapacid­ad, que pueden ser objeto de formas múltiples e interrelac­ionadas de discrimina­ción y exclusión social; así como, por el envejecimi­ento de la población, el incremento progresivo de mujeres con discapacid­ad que requieren atención especializ­ada y de prevención.

En México, el tipo de discapacid­ad más frecuente en las mujeres es la motriz, seguida de la visual, y la causa principal de discapacid­ad es la enfermedad, seguida por la edad avanzada

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