SOLUCIONES ARMÓNICAS
La democracia es el mecanismo para abatir la desigualdad y la discriminación de las personas con discapacidad.
Consejera Nacional de la COPARMEX. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático COPARMEX CDMX.
La democracia va más allá de los aspectos relacionados con las elecciones, se trata del régimen de principios por los cuales es posible establecer condiciones de acuerdos, soluciones que permitan la armónica convivencia y el respeto a las garantías. Existen diferentes ámbitos de la democracia, uno de ellos es el que se concibe como: democracia social, definida por Sartori como “…la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales”.
Esta democracia promueve la efectividad de derechos sociales y la disminución de las desigualdades sociales para toda la población. Por ello, se relaciona con conceptos políticos, económicos y culturales.
Ahora bien, ¿cuál es la relación de la democracia con la igualdad, el desarrollo y la perspectiva de género? Pues que en todo ello es posible sostener políticas públicas que ayuden a defender el respeto a los acuerdos de las mayorías, a los derechos de las minorías y soluciones ante la discriminación.
En este marco, es necesario visibilizar que en México existe una población que sufre una doble discriminación, social y económica, y son las mujeres con discapacidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) las mujeres con discapacidad representan 51.1%, de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. Estas mujeres sufren de menores oportunidades para la inclusión laboral y esa es una verdadera limitante que se expresa en la falta de capacidad para garantizar su autonomía financiera, ya sea por las nulas o escasas condiciones de accesibilidad o porque las empresas, simplemente, no cuentan con programas o fuentes de empleo que consideren su talento como recurso humano.
Incentivar el emprendimiento puede considerarse como un instrumento para abatir la desigualdad, pues se convierte en un mecanismo por el cual se adquiere la capacidad de generar sus propios ingresos, al tiempo que es posible adquirir nuevas competencias hacia la inclusión al mercado formal del autoempleo o la empresa.
El contexto democrático señala que los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho al sustento mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles, como reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 27. Sin embargo, una de las principales barreras para el fomento de la participación laboral y social de las personas con discapacidad, sigue siendo la propia sociedad, ya que es la que niega las oportunidades para esta población por estereotipos y prejuicios. Dentro del catálogo de derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al acceso a la justicia es un principio básico del Estado Democrático de Derecho. Con la reforma constitucional de 2011 se incrementó el compromiso del país para elaborar políticas públicas, protocolos y legislación para promover el respeto y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, al haber ratificado la CDPD, pues se obligó a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos sus derechos.
Es aquí donde es necesario reconocer que empresa, sociedad y gobierno juegan un papel fundamental para establecer condiciones genuinas hacia el empoderamiento económico y la inclusión laboral, pues no solo son condiciones que exigen el desarrollo, sino principios democratizadores que permiten la participación en condiciones de equidad en la vida social y económica del país de todas y todos. Reconocerlo es fundamental para establecer una política de inclusión con diversidad, que se observe en los programas de gobierno. Esto, como medidas para evitar y eliminar los obstáculos del entorno, procurando la mejora de las condiciones de participación igualitaria, a fin de garantizar que sea posible erradicar las barreras que afectan la calidad de vida de las personas, incluyendo a las personas con discapacidad.
Considerar el empoderamiento económico de las mujeres, ¡de todas!, no solo se trata de una condición de respeto a sus derechos, sino de una condición obligatoria de desarrollo y progreso para asegurar el crecimiento, la expansión y el incremento de la calidad de vida de nuestro país.
Los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho al sustento mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible