NO MÁS VIOLENCIA
PABLO NAVARRETE GUTIÉRREZ
Es necesario un profundo cambio social y cultural para poner fin a la discriminación contra las mujeres.
Para poner fin a la discriminación y violencia contra las mujeres, necesitamos con urgencia concretar un profundo cambio cultural e institucional, para lo cual la sociedad y las autoridades de todos los niveles de gobierno y los poderes del Estado, deben redoblar esfuerzos y asumir sus responsabilidades para proteger por todos los medios a su alcance, la vida y seguridad de las mujeres, de manera particular de la más cruel y brutal de sus manifestaciones: el feminicidio.
A lo que aspiramos, es a transformar las causas estructurales e históricas que han mantenido permanentemente a las mujeres en condiciones de desventaja y exclusión.
En este sentido hay mucho por hacer, pero podemos empezar por preguntarnos cuál es la condición y posición que tienen las mujeres en nuestra sociedad. ¿Todos sus derechos son respetados? ¿Viven seguras en sus casas? ¿Transitan sin temor por las calles, las plazas o el transporte público? Son tan solo algunas preguntas, cuyas respuestas son alarmantes por los niveles de discriminación y violencia que a diario enfrentan en el espacio público y privado por su sola condición de ser mujeres.
Por eso, requerimos con urgencia desnaturalizar los roles y estereotipos de género que históricamente las han condenado a las labores domésticas, a la procreación o a las tareas del cuidado. Quien quiera dedicarse a ellas, que sea por decisión, no por imposición.
Es necesario que combatamos el acoso y hostigamiento sexual, que se ha consolidado como la forma más extendida y naturalizada de la violencia machista y misógina contra las mujeres en los espacios públicos, laborales y académicos en nuestro país. En cualquiera de las expresiones y l0s lugares donde ocurra, la violencia contra las mujeres es una manifestación del abuso del poder y un delito que debe ser sancionado ejemplarmente.
También, nos urge una cruzada nacional para desmitificar el “amor romántico” y el “matrimonio”, pues el primero se ha utilizado como instrumento de dominación, control y sometimiento, y el segundo, como único destino posible de las mujeres para autorrealizarse. El amor todo lo puede, el amor lo va a cambiar, el amor es sufrimiento y abnegación, son tan solo algunas de las falsas premisas que se usan para someter a las mujeres a la voluntad de los hombres en nombre del “amor”. Como bien dice Kate Millet, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas.
La falsa teoría de la “complementariedad” con los hombres o de la media naranja, ha penetrado a tal grado en la conciencia de las mujeres, que muchas han olvidado que por sí mismas valen, que son plenas y no necesitan a otra persona para estar completas, mucho menos para ser felices. Por eso, debemos insistir en la necesidad de que en México se prohíba el matrimonio de niñas. Si las mujeres adultas enfrentan riesgo y situaciones de violencia dentro del matrimonio, con mayor razón las niñas, son inexpertas e indefensas frente al favorito de los cautiverios del patriarcado: el matrimonio.
También, necesitamos consolidar las instituciones y las leyes creadas para defender los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Ley del INMUJERES, que entró en vigor hace más de 17 años, pero solo ha sido modificada en tres ocasiones: en 2012, 2015 y 2018, de mera forma, no de fondo. Esta situación la ha dejado “rezagada” respecto de nuevas leyes que se han creado, algunas de ellas de mayor jerarquía normativa, como las leyes generales para la igualdad entre mujeres y hombres (2006) y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007). Las tres leyes requieren una revisión y actualización urgente.
De manera particular, necesitamos revisar y consolidar el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, como una herramienta de intervención urgente en casos de violencia feminicida o por agravio comparado, pues por sí mismo no ha sido capaz de detener la espiral de violencia, entre otras cosas, porque las medidas que se implementan, no “urgentes”, son medidas ordinarias a las que ya estaba obligada la autoridad a la que se le declara la alerta.
Para concretar este cambio, se requiere de la participación decidida de la sociedad, pero sobre todo del gobierno, para garantizar a las mujeres la plena vigencia de sus derechos; entre ellos, a vivir libres de discriminación y violencia.
Requerimos con urgencia desnaturalizar los roles y estereotipos de género que históricamente las han condenado a labores domésticas, la procreación o a las tareas del cuidado