La permanencia de Juárez

Durante los años más terribles de la guerra de Intervención, una controversia constitucional enfrentó al presidente Benito Juárez con el general Jesús González Ortega. El presidente Juárez terminaba su periodo al frente del gobierno del país en diciembre de 1865. Había sido imposible, en el curso de aquel año, llevar a cabo las elecciones previstas para elegir a su sucesor, pues las tropas del Imperio tenían el control de la mayor parte del territorio en México. Así, a punto de finalizar el año, aún no había una persona designada para ocupar la Presidencia de la República. La Constitución preveía que, al terminar el periodo del presidente, en caso de no haber un sucesor designado conforme a la ley, la vacante sería cubierta por el titular de la Suprema Corte de Justicia, que desde hacía ya cuatro años era Jesús González Ortega. Pero González Ortega residía entonces en Estados Unidos. Había solicitado autorización de Juárez para cruzar la frontera, con el fin de continuar la lucha en otro estado del país, pero había permanecido allá, sin comisión ni licencia, para buscar ser reconocido por el gobierno de Washington como presidente de México.

Don Benito no simpatizaba con la idea de prorrogar su mandato, aunque tampoco con la posibilidad de abandonar la Presidencia de la República. Era un hombre respetuoso de la ley, pero pensaba que él defendería, mejor que nadie, los intereses de la República. Permaneció durante meses indeciso. “Yo estoy en un potro, porque todos hacen depender de mi resolución la suerte futura del país”, le escribió a su yerno. “Ya debe usted suponer cómo estará mi cabeza”. Muchos insistían en que los funcionarios de la nación, elegidos por el voto, tenían que seguir en sus funciones hasta que pudieran ser organizadas nuevas elecciones. Otros argumentaban que la ley trazaba ya, con claridad, el camino que había que seguir. Nadie sabía con certeza, así, qué iba a pasar en diciembre. Tres semanas antes de finalizar su mandato, entonces, luego de consultar a los miembros de su gabinete, don Benito Juárez tomó la decisión de prorrogar su mandato en México. Para ello expidió dos decretos en Paso del Norte, allá en Chihuahua, ambos rubricados por Sebastián Lerdo de Tejada, su ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. Uno anunciaba la prórroga de su gobierno hasta que el país pudiera elegir a un nuevo presidente, decisión sustentada legalmente en las amplias facultades que le había dado el Congreso al estallar la guerra, y otro acusaba a González Ortega de abandono del cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como también de deserción en tanto general del Ejército Republicano, al residir sin comisión ni licencia en Estados Unidos durante las hostilidades, por lo cual ordenaba su detención en el caso de que quisiera entrar a México.

La decisión de Juárez provocó una cadena de reacciones entre los dirigentes de la República. Estuvieron a favor, entre otros, los generales Porfirio Díaz, Mariano Escobedo y Vicente Riva Palacio, y en contra, en cambio, los generales Miguel Negrete, José María Patoni y Manuel de Quezada; a favor, el ministro Matías Romero, pero, en contra, dos amigos cercanos de Juárez, los licenciados Manuel Ruiz y Guillermo Prieto. Juárez había sido ya presidente, de manera consecutiva, durante siete años y sería presidente, también de manera consecutiva, durante siete años más, hasta su muerte (que lo sorprendió, por cierto, cuando acababa de ser reelecto). Ningún mandatario en el continente —ninguno— había sido, como él, presidente durante tantos años: 14. Algunos lo llamaban dictador.

NINGÚN MANDATARIO

en el continente había sido, como él, presidente durante tantos años: 14. Algunos lo llamaban dictador