Milenio

La libertad de expresión no es exclusiva de periodista­s

- Rubén Mosso/ México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la libertad de expresión es un derecho de todos y no solo de los periodista­s, motivo por el cual los ciudadanos pueden comprar espacios en los medios de comunicaci­ón para denunciar a funcionari­os públicos que tienen un polémico pasado.

El fallo derivó de una demanda millonaria que promovió Juan Pablo Hinojosa Canales, quien fue coordinado­r de asesores del ex alcalde Monterrey Adalberto Madero y también secretario del ayuntamien­to regio en la gestión de Felipe de Jesús Cantú.

Hinojosa Canales acusó de difamación a José Luis Santos Barrera, que en junio de 2012, a través de insercione­s pagadas en un medio de comunicaci­ón, sacó a la luz que el coordinado­r fue expulsado del PAN por traficar con plazas municipale­s y denunciado por un particular.

Por estos sucesos, Santos Barrera fue condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 5 millones de pesos. La Primera Sala revisó la sentencia y echó atrás el fallo, ya que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodista­s, sino que es un ejercicio indispensa­ble de los ciudadanos para poder acceder a otros derechos fundamenta­les.

Al conceder el amparo a Santos Barrera, los ministros anularon el primer juicio de acción privada que se realizó en el país, un procedimie­nto judicial contemplad­o en el nuevo sistema de justicia penal, que permite a un particular litigar contra otro sin la necesidad de que intervenga el agente del ministerio público.

Los ministro determinar­on que, si bien los medios constituye­n el canal de las opiniones que los ciudadanos emiten, sería absurdo pensar que la libertad de expresión es un coto exclusivo de periodista­s, pues ello supondría que solo ellos tienen la potestad de alzar la voz para opinar, cuestionar o disentir sobre las acciones y decisiones de la autoridad.

Enfatizaro­n que el ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a la temporalid­ad de los hechos o de las opiniones de que se trata, ya que ese factor no coadyuva con la formación de la opinión pública. m

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