Avanza implementación de sistema penal acusatorio
La Secretaría de Gobernación informó que, a cuatro meses de que concluya el plazo para implementar el sistema penal acusatorio, se tiene una cobertura de 73.86 por ciento de la población en las 32 entidades del país, lo que representa a 89 millones 384 mil habitantes.
Precisó que la fuerza policial asciende a 333 mil elementos y actualmente se lleva a cabo la tercera y última etapa del Plan Estratégico de Capacitación Policial, el cual fue instruido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública “con avances considerables”.
Explicó que a 118 días de que concluya el plazo constitucional, establecido en junio para la implementación de ese sistema, el avance nacional se sitúa en un promedio de 6.94 en una escala del 1 aL 10 y más de 97 por ciento de la normatividad penal está ajustada a este nuevo modelo.
La Segob hizo notar que el primer contacto del sistema de justicia con la ciudadanía es el policía, por ello es fundamental que los elementos estén preparados para abordar de manera efectiva las nuevas funciones que le otorga el Sistema Penal Acusatorio y se tienen avances considerables en ello. “La implementación del nuevo sistema de justicia penal en México representa un objetivo prioritario para el gobierno, por lo que se trabaja para aportar a la ciudadanía una justicia pronta, transparente y humana”.
La Segob recordó que para el 29 de febrero entrará el sistema en Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, entidades donde los funcionarios federales ya están capacitados y coordinados con los operadores locales.
Además se instrumentaron los “conversatorios”, los cuales consisten en simular un caso de manera previa a la entrada del sistema para conocer cómo actuará cada uno de los actores. “El objetivo es practicar la manera en la que se coordinarán las instituciones, unificar criterios, medir tiempos del proceso, identificar áreas de oportunidad y solventarlas”.
Puntualizó que como tarea prioritaria se trabaja en fortalecer la capacitación de todos los operadores que intervienen en los procesos de procuración e impartición de justicia, para que cada uno de ellos actúe bajo un irrestricto respeto de los derechos humanos y proteja las garantías tanto de víctimas como de imputados. M