Robo de identidad, un alto

Cada vez es más común enterarnos de que a conocidos o a extraños les han robado su identidad a partir de la extracción ilegal de sus datos personales. Así, sin más nada, un día se entera la víctima de que tiene un adeudo en el banco, en un comercio o hasta en el SAT.

El robo de identidad puede originarse por la obtención ilegal de bases de datos en manos del Estado o de particulares, por ello el manejo, la disposición y el uso de dichos datos deben estar regulados de manera eficaz e integral, pues la actual dispersión y la falta de penas lo suficientemente inhibitorias fomentan su práctica.

De acuerdo con cifras oficiales, por ese delito, en 2015 se levantaron cerca de 92 mil denuncias, con reclamaciones que sumaron un monto de 250 millones de pesos, lo cual implica tanto una pérdida de tiempo y recursos para la persona afectada como una afectación funcional, de credibilidad y económica para las instituciones o comercios sorprendidos.

El ejemplo más reciente lo vimos el viernes en la discusión del pleno del INE por la fuga de datos de más de 79 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral; más allá de la gravedad del acto y de quién lo cometió, está la vulnerabilidad en la que se deja al ciudadano.

Es loable el esfuerzo que acaban de hacer instituciones como el INE, SAT, Condusef, Prodecom, INAI, CNBV y Asociación de Bancos al firmar un acuerdo para prevenir esa situación, pero no puede quedar ahí: los poderes Legislativo y Judicial tienen que hacer su parte.

Al margen de las culpas, es momento de actuar. Cualquiera puede ser la próxima víctima de la delincuencia. m