En Guadalajara, daño al erario por 432 mdp
El presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó denuncias contra su antecesor priista Ramiro Hernández, ya que se han detectado daños al erario por 432 millones de pesos.
Por ello el ayuntamiento presentó más de 25 denuncias penales que esperan resolución en la Fiscalía General del estado.
Las irregularidades detectadas representan un daño al erario por 432 millones de pesos y entre los casos más graves está el desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).
Las presuntas irregularidades que dejó la administración pasada incluyen el desvío de recursos, omisión de responsabilidades, aprovechamiento indebido de atribuciones, robo calificado, abuso de confianza, de autoridad, peculado y fraude procesal, entre otros.
En el caso se encuentran involucrados 11 ex servidores públicos de primer nivel y más de 40 ex trabajadores de segundo y tercer rango, todos con denuncia penal en su contra.
Durante el proceso de entrega– recepción, cada una de las áreas en que se divide la administración pública de Guadalajara emitió un balance sobre las irregularidades detectadas, las cuales fueron canalizadas para su análisis a la contraloría municipal, que a su vez inició un proceso de notificación a las autoridades salientes para que los involucrados pudieran subsanar las observaciones hechas.
En algunos casos la presencia de los ex funcionarios sirvió para aclarar anomalías; sin embargo, también hubo servidores públicos que tras salir del gobierno municipal prácticamente desaparecieron y, de acuerdo con la Contraloría tapatía, no fueron localizados ni por la policía.
Por ello no comparecieron ante la dependencia municipal y se procedió a integrar los expedientes e interponer las denuncias a través de la sindicatura. “Tenemos casos como las basificaciones que se dieron de manera irregular al no cumplir con los requisitos legales”, señaló la síndico Bárbara Casillas sobre la serie de casos en que se otorgaron plazas dentro del gobierno municipal de manera ilícita previo al cambio de administración, lo que los llevó “a emprender acciones jurídicas ante el tribunal de escalafón y arbitraje”. M