Horas inconvenientes
Ambrosio Soto Duarte, alcalde perredista de Pungarabato, murió la noche del sábado en una emboscada. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando regresaba de Huetamo, Michoacán, donde tenía un taller mecánico. La emboscada fue, por una vez, estadísticamente correcta: resultaron heridos los dos elementos federales que lo escoltaban —habiéndose quedado los otros dos miembros de su seguridad resguardando a su familia— y fueron asesinados él y su chofer y cuñado, Omar Macedonio, contra solo uno de los sicarios que lo esperaban, a 20 kilómetros de su base, en Ciudad Altamirano, con armas largas con las cuales le descargaron más de 500 balas.
El pasado 5 de julio se encontró en el basurero de Cutzamala de Pinzón el cadáver, torturado y cubierto el torso y la cabeza con un costal, de su primo y anterior chofer, Sebastián Soto. Ya antes Ambrosio había denunciado que no podía despedir a la mayoría de los policías municipales que habían reprobado el examen de control de confianza porque estaban protegidos —¿Por quién?—; que no podía detener la continua extorsión a los comerciantes y empresarios ni el robo de ganado; que el narco —¿cuál?— le había exigido un par de nombramientos en puestos clave de su administración y pedido derecho de piso a la caja municipal. Entonces le enviaron a cerca de 40 elementos para cuidar a más de 20 mil almas de algunos de los cárteles más sanguinarios del país. Ante la abulia, ventiló su caso en los diarios e hizo cita en la ONU para denunciar el completo abandono de las autoridades estatales y federales.
Después de su muerte, la respuesta del gobierno federal fue intentar justificar su asesinato deslizando que Soto Duarte era compadre de El Tequilero o Raybel Jacobo de Almonte, líder de un grupo criminal escindido y rival desde 2010 de La Familia michoacana, aunque dedicado más al secuestro, la trata, el robo de minas y la extorsión que al tráfico de drogas; el consabido qué importa que se maten, que al cabo se matan entre ellos. Por su parte, el flamante gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, en boca de su fiscal, Xavier Olea, dijo lo siguiente: “Llama la atención que haya realizado el viaje (…) a sabiendas que había sido reiteradamente amenazado (…) Y que dicho viaje lo haya hecho en horas inconvenientes en una zona de alta peligrosidad. Conviene reiterar que el homicidio se cometió en el estado de Michoacán”; el consabido si la violaron es porque andaba en minifalda.
Habría que preguntarle a nuestras autoridades que cuáles son las circunstancias, las horas y los lugares donde los ciudadanos podemos esperar su protección, y en cuáles mejor hay que darse por muertos. m