Nicolás Alvarado

A PARTIR DEL próximo 8 de agosto, que es la fecha de su relanzamiento, la institución que dirijo dejará de concebirse como una mera televisora para devenir una productora de contenido preponderante aunque no exclusivamente audiovisual, con salida en varia

Hace algunos años (algunos pero no tantos: ella trabajaba en MVS y en CNN, yo en Canal 22 y en Televisa), Carmen Aristegui y yo fuimos convocados a participar en una discusión sobre televisión en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Fuimos los que podía preverse: nos condujimos con enorme amabilidad y hasta con talante juguetón —hace muchos años que nos profesamos auténticos cariño y respeto—… y estuvimos en desacuerdo en todo. Puedo apostar a que ella habló de poderes fácticos y cerco informativo. Casi estoy seguro de que yo invoqué a la BBC y manifesté que todo medio representa intereses, que todo medio tiene una agenda política. Discutimos, cómo no, el régimen de concesiones y la tercera cadena. Lo que dijimos habría importado de no ser por la intervención de un estudiante visionario y preclaro que, en su turno, nos espetó: “Perdón, pero ¿no se dan cuenta de que están teniendo una discusión de viejitos? ¿De que el futuro de la comunicación está en la red? ¿De qué la televisión ya valió madres?”.

El aplauso que recibió, al que hubo de sumarse el de Carmen y el mío, resultó atronador.

Twitter daba entonces sus primeros pasos; Netflix, que todavía no operaba en México, comenzaba a redefinirse como proveedor de video bajo demanda. La revolución digital apenas comenzaba.

Recordé para mis adentros esta anécdota la semana pasada en Zacatecas a propósito de la invitación de Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a participar en una mesa titulada “Medios de comunicación y tecnologías de la información” como parte de las audiencias públicas que dicha institución organiza en todo el país como parte de la ruta para la elaboración de una Ley de Cultura. Fui convocado, lo mismo que mis colegas de otros medios de comunicación no comerciales, en tanto director de Tv UNAM. Y bien está que así haya sido, ya sólo porque, a partir del próximo 8 de agosto que es la fecha de su relanzamiento, la institución que dirijo dejará de concebirse como una mera televisora para devenir una productora de contenido preponderante aunque no exclusivamente audiovisual, con salida en varias pantallas, una de ellas —y no por fuerza la más importante— la del televisor, otra ésta que muy probablemente tenga el lector en este momento ante sus ojos —sé que cada vez se lee menos en papel—, por no hablar de las demás que forman parte de nuestro entorno cotidiano, y de las que el capricho de los avances tecnológicos quiera que se inventen en un futuro. No podía ser de otra manera hoy que, triunfantes las tecnologías de la información, la importancia de las plataformas se relativiza para otorgar a los contenidos el aprecio que merecen. Ésas son buenas noticias para la divulgación de la cultura —puestas las coronas sobre el cadáver de la Gran Familia Mexicana se multiplican las audiencias susceptibles de desarrollar intereses específicos y complejos— que al fin conoce la oportunidad para ser concebida —por la sociedad, por la legislación, por el Estado— como lo que de hecho es: no un adorno sino un factor de desarrollo económico como social, la mejor herramienta para construir ciudadanía.

A partir de ello, es momento de apuntalar desde la legislación no ya los medios públicos que, excepción hecha del Sistema Público de Radiodifusión, no tiene el Estado mexicano —Canal 22, Canal Once, Televisión Educativa son, por diseño institucional, medios de gobierno, dependientes de funcionarios que dependen de otros funcionarios que dependen en última instancia del titular del poder Ejecutivo— sino de crear una institución —pienso en el Consejo Superior de lo Audiovisual francés—, genuinamente pública y con un órgano de gobierno autónomo, que regule y aliente la producción de contenidos culturales con una visión de Estado, lo cual constituiría una oportunidad de oro para corregir el modelo de medios —justo el régimen de concesiones modelado en el estadunidense— que lastrara el siglo XX mexicano. Bueno sería entonces concebir también un estímulo fiscal a la producción cultural audiovisual equiparable a aquellos de los que gozan desde hace años el cine y el teatro. Necesario es contemplar este modelo en una Ley de Cultura pero también crear una Ley Audiovisual, promover las modificaciones pertinentes a la legislación fiscal, aprovechar la discusión presente de la legislación educativa para elevar a rango constitucional de una vez por todas la educación artística, con lo que no sólo estaríamos creando audiencias sino ciudadanos.

“Es el tiempo de devolver a los contenidos transmitidos el papel que les corresponde en las transformaciones culturales y psicológicas de nuestro tiempo”, escribió Gilles Lipovetsky el año próximo hará 30. En México, ya nos tardamos. m